- Un tribunal federal dio 30 días hábiles a la FGR para que resuelva si procede o no la acción penal contra Calica.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal dio 30 días hábiles a la Fiscalía General de la República (FGR) para que resuelva si procede o no la acción penal contra Calizas Industriales del Carmen (Calica), por la presunta extracción no autorizada de roca caliza y daños ambientales en Quintana Roo.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México concedió un amparo a la subsidiaria de la empresa estadounidense Vulcan Materials, que obliga a la FGR a determinar en ese plazo la carpeta de investigación que inició desde hace 7 años.
Por unanimidad, los Magistrados del Colegiado concluyeron que la Fiscalía transgredió el derecho de la quejosa a una justicia pronta, porque incurrió en una dilación injustificada en la integración de la indagatoria y ya obran en la pesquisa algunos actos de investigación que la FGR dijo tener pendientes de realizar.
“Dado que en el caso, se habla de pruebas pendientes desde 2021 y hasta a la fecha es inconcuso que sí hay violaciones fundamentales derivado de no investigar por parte del órgano ministerial recurrente, e incluso pretende repetir pruebas (sin que lo haya hecho de inmediato) dado que el resultado no le pareció satisfactorio (más allá de que ello sea incorrecto en sí mismo)”, dice la sentencia.
“Además, desde que se promovió el juicio de amparo y hasta que se resolvió, el fiscal recurrente pudo seguir investigando porque no hay prueba de que se concediera una suspensión para que no continuara con ello y por ende, ni siquiera hay muestras de su buena fe, es decir, que no ha resuelto el asunto por la convicción de que siguió investigando”.
El 11 de abril de 2018, el director general de Delitos Federales Contra el Ambiente y Litigio, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), denunció a Calica ante la FGR por delitos contra los bienes nacionales.
La querella, según el fallo judicial, está relacionada con el permiso otorgado el 30 de noviembre del 2000 a Calica para la extracción y aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático a cielo abierto en los predios El Corchalito y la Adelita, en Playa del Carmen.
Cuando se presentó la denuncia en la entonces PGR, la Profepa ya había impuesto la clausura y sanciones administrativas a la minera por el aprovechamiento de roca caliza mayor al autorizado en el predio El Corchalito.
Cinco años después de iniciada la indagatoria, el 26 de abril de 2023, la subsidiaria estadounidense presentó un escrito a la Fiscalía para pedirle que resolviera la investigación, es decir, que ejerciera la acción penal, archivara el caso o dictaminara su reserva.
