- La crisis forense en México es más que un problema técnico o presupuestario. Es una falla ética de un Estado que ha permitido que miles de personas desaparecidas se conviertan en cifras olvidadas.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En los frigoríficos del sistema forense mexicano descansan más de 50 mil cuerpos sin identificar. Algunos llevan semanas, otros años. Ninguno tiene nombre. Son fragmentos de una tragedia nacional que se acumula en silencio, mientras las madres recorren morgues, laboratorios y fosas con la esperanza de encontrar un indicio, una prueba, una respuesta. Hasta ahora, la mayoría encuentra solo silencio institucional.
A esta emergencia humana se suma una falla estructural que agrava la tragedia: no hay suficientes médicos forenses en el país para enfrentar la magnitud del problema. Apenas 1,425 especialistas en medicina forense registrados hasta 2023, frente a más de 72 mil restos humanos sin identificar y más de 125 mil personas desaparecidas.
La senadora Paloma Sánchez Ramos lo resumió sin rodeos: “Nadie, y repito, nadie, está trabajando para identificar los más de 50 mil cuerpos que exigen verdad y justicia en nuestro país”.
Ante ello, presentó dos iniciativas para hacer frente a esta crisis. La primera exige por ley que exista personal forense suficiente para avanzar en la identificación de cuerpos. La segunda busca redirigir parte de los recursos obtenidos por decomisos al crimen organizado, para financiar la contratación de especialistas forenses y personal de búsqueda. Hoy, esos fondos se destinan principalmente a seguridad pública y programas sociales.
Sánchez Ramos reveló, mediante una solicitud de transparencia, que el Centro Nacional de Identificación Humana no cuenta con médicos forenses contratados. Es decir, el país creó una institución clave sin dotarla del personal mínimo indispensable para operar.
La dimensión del problema es apabullante. Tan solo en 2023, 94,893 cadáveres fueron recibidos en centros forenses, de los cuales 1,290 ni siquiera pudieron ser clasificados por sexo. A eso se suman 15,878 cuerpos y 12,938 restos humanos que permanecen almacenados en condiciones muchas veces precarias, según cifras del INEGI. La infraestructura forense, en muchos estados, simplemente no da para más.
En entidades como Jalisco, Guerrero y Veracruz, existen proyectos de cementerios forenses que avanzan con lentitud o enfrentan obstáculos normativos. El país tiene 15 proyectos en marcha, pero sin una política nacional que garantice su operación efectiva, los esfuerzos corren el riesgo de convertirse en cementerios burocráticos, no humanitarios.
Las consecuencias no se miden solo en estadísticas, sino en historias. Como la de Julio César Cervantes, un joven cuyo cuerpo fue hallado y, sin conocimiento de su familia, entregado a una facultad de medicina para prácticas académicas. Su familia lo buscó por diez meses sin saber que su cuerpo tenía otro uso. Un sistema incapaz de nombrar a los muertos es también un sistema que abandona a los vivos.
Nombrar, identificar, entregar. Son los mínimos necesarios para iniciar la justicia. Son también los pasos ausentes en un país que, según cálculos actuales, necesitaría al menos 120 años para identificar a todos sus cuerpos sin nombre si continúa al ritmo actual. Mientras tanto, las familias siguen cavando con palas y esperanza, como si fueran las únicas dispuestas a no rendirse.
La crisis forense en México es más que un problema técnico o presupuestario. Es una falla ética de un Estado que ha permitido que miles de personas desaparecidas se conviertan en cifras olvidadas. Y cada día que pasa sin resolverla, es un día más en el que la justicia se congela en los refrigeradores del sistema.
