Por KUKULKÁN
PUES resultó que al final de una guerra jurídica de amparos, los señores del capital, los defensores del libre mercado (cuando les conviene), los que juraban que la Comisión Federal de Electricidad era un fósil estatal en extinción, se toparon con pared. Y no cualquier pared: la muralla de la Constitución reformada y una Suprema Corte de Justicia de la Nación que, esta vez, decidió que los privilegios disfrazados de “derechos adquiridos” ya no pasaban.
PORQUE, estimado lector, no hay amparo que valga cuando el modelo constitucional cambia. Eso les quedó claro —muy claro— a empresas como Peñoles, Parque Solar Villanueva, La Bufa Wind, Fuerza Eólica del Istmo, y demás luminarias del negocio privado que durante años se sirvieron con la cuchara grande del sector eléctrico, protegidos por la reforma energética del neoliberalismo que convirtió a la CFE en convidada de piedra en su propio terreno.
¿SE ACUERDA usted de esa época dorada (para ellos, claro) en la que producir energía significaba maquilarla con viento prestado, sol subsidiado y reglas hechas a la medida del capital extranjero? Bueno, pues eso se acabó desde que la Cuarta Transformación decidió poner orden en la casa. Primero con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en 2021 y, posteriormente, con el golpe de timón constitucional de 2024 que dejó en claro que en México, la energía eléctrica vuelve a ser una prioridad del Estado.
PERO como buenos campeones del litigio estratégico, los empresarios privados corrieron a refugiarse en los brazos del Poder Judicial. Repartieron amparos como si fueran volantes de campaña, jurando que aún podían sostener el viejo régimen bajo el que ellos mandaban y la CFE obedecía. Spoiler: no se pudo. La Primera Sala de la SCJN, en un acto de racionalidad jurídica que sorprendió a más de uno, dijo: “Gracias por participar, pero ya no hay ley que los proteja”.
MÁS CLARO ni el agua: simplemente no se puede amparar uno contra una norma que ya no existe, ni reclamar reglas que ya no figuran en la Constitución. El modelo cambió y con él, se extinguieron los viejos privilegios eléctricos. El caso más reciente, el amparo en revisión 54/2024, fue el último suspiro de esa cruzada empresarial disfrazada de defensa constitucional. Presentado por una empresa privada —que, por pudor judicial, no fue nombrada— y resuelto este 25 de junio por unanimidad, marca el final de una batalla legal de cuatro años que los empresarios perdieron con todas las de la ley.
POR SUPUESTO, no faltará quien diga que esto es un atentado contra la inversión, contra la “certeza jurídica”, contra el clima de negocios. A esos les convendría revisar sus libros de civismo: cuando el pueblo —a través de su Congreso y con respaldo popular— decide cambiar su Constitución, no hay contrato privado que valga más que el interés público. Esa es la médula del asunto: devolverle la rectoría del sector eléctrico a la Nación, vía la CFE, no es un capricho ideológico, sino una política de soberanía energética que busca corregir años de saqueo legalizado.
AHORA, si esta resolución no les gusta a los grandes consorcios, pueden ir a litigar a Bruselas o a Houston, pero en México, las reglas han cambiado. Así que no, no fue persecución, ni revancha política, ni una guerra contra el empresariado (como tanto chillan desde las cúpulas del poder económico). Fue simplemente el reordenamiento de un sector estratégico que nunca debió haberse entregado al mejor postor.
ESTARÁ por verse, ya con los amparos en el basurero jurídico y la Ley del Sector Eléctrico en pleno vigor, si los defensores del “progreso” aprenden a competir sin privilegios, sin subsidios disfrazados y sin jueces que les allanen el camino. La luz sigue encendida, pero ahora la enciende la Nación.
