Por KUKULKÁN
¡AH, EL AMPARO! Ese escudo legal que la derecha mexicana adoptó con devoción casi litúrgica cada vez que el gobierno de la Cuarta Transformación tocaba sus privilegios. Como si fuera rosario de poderosos, cada reforma que oliera a Estado, soberanía o “¡maldita sea, nacionalización!”, era inmediatamente arrastrada ante los templos del Poder Judicial. ¿El resultado? Más de 500 amparos contra la Ley Minera, otros tantos contra la eléctrica, y así hasta formar un muro de papel sellado por despachos de abogados con tarifa internacional.
PERO esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación —esa misma que algunos pintaban como el último bastión contra el “autoritarismo lopezobradorista”— decidió, por mayoría de votos y con argumentos jurídicos, mandar esos amparos al archivo muerto. ¿El pecado del Presidente? Querer que el Estado recupere la rectoría sobre sectores estratégicos como la energía y los recursos naturales. ¿La penitencia de los empresarios? Adaptarse. ¿El veredicto de los ministros? Constitucional y legal.
EN UN DOBLE revés que tiene a más de uno tragando bilis con agua mineral, la Corte resolvió que ni la Ley de la Industria Eléctrica ni la Ley Minera violan derechos fundamentales. Peor aún (para ellos), uno de los amparos interpuestos se quedó sin materia. ¿Pues no que muy defensores del Estado de Derecho? Resulta que cuando el Derecho no favorece al mercado, entonces ya no es tan “Estado”. Y vaya ironía: los mismos que acusaban al Presidente de querer rebasar los límites del poder, ahora tienen que tragarse una sentencia que, precisamente, reafirma que los límites constitucionales están de su lado… pero no del suyo.
Y ES QUE la decisión de la Suprema Corte no fue otra cosa que poner orden. Confirmar que sí, el Congreso puede modificar las reglas del juego minero; que no, no existen derechos adquiridos para siempre sobre el uso del agua; y que sí, el Estado puede imponer nuevas obligaciones sin que eso viole la Constitución. ¿Quieren seguridad jurídica? Ahí la tienen, aunque no les guste el contenido del decreto.
EL CASO más simbólico es el de la Ley Minera: la Primera Sala fue clara al decir que las empresas no tienen garantías eternas para explotar territorios ejidales ni para beberse el agua del subsuelo como si fuera un derecho divino. Lo que tenían eran “expectativas de derecho”. Expectativas que, por cierto, no se firman con sangre ni están esculpidas en piedra.
Y SI TODAVÍA alguien de la derecha creía que aún quedaba esperanza en la trinchera judicial, la resolución sobre la Ley Eléctrica les arrebató hasta eso. Con la entrada en vigor de la nueva Constitución energética y la Ley del Sector Eléctrico en marzo de 2025, los jueces simplemente dijeron: no hay materia. Fin del partido. El gol de último minuto fue del Estado, no del mercado. A los opositores que desde 2018 soñaron con ver caer la 4T a punta de resoluciones judiciales, más les vale ir desempolvando sus discursos. Porque si algo está demostrando la Corte es que, al final de la batalla jurídica, la verdadera legalidad le está dando la razón a las reformas de López Obrador.
¿DICTADURA? ¿Ataques al Estado de Derecho? No, señoras y señores. Lo que hay es una clase política y empresarial que nunca pensó que el Derecho también podía usarse para emparejar la cancha, no sólo para defender sus privilegios. Y ojo, esto no significa que todo lo que toque la 4T sea automáticamente virtuoso o incuestionable. Pero lo que sí queda claro es que el pánico sembrado por la oposición respecto al “fin del Estado de Derecho” fue más una estrategia mediática que una realidad jurídica.
EN LUGAR de prestarse a ese juego (y quizás más por instinto de salvar su pellejo), los ministros y ministras que en un principio le hicieron el juego a la derecha decidieron revisar con lupa, aplicar la Constitución y, al final, marcarle un alto a la narrativa de que todo lo que venga del gobierno es, por definición, ilegal. Así, entre togas, tinta legal y la cercanía del retiro de varios de ellos, los ministros le están devolviendo al país algo que hace tiempo le faltaba: claridad institucional y límites que aplican para todos, incluso para los que antes se sentían intocables.
