Por KUKULKÁN
HAY un dicho muy mexicano que reza: “Tanto peca el que mata la vaca como el que le ata la pata”. Pero en el México judicial de toga y mazo, ese refrán se queda en puro folklore de rancho. Aquí, si el juez le ata la pata al inocente, lo amarra con pruebas sembradas, confesiones arrancadas con descargas eléctricas o peritajes de fantasía, no sólo no peca, sino que además se le aplaude la independencia judicial. Porque sí, aunque usted no lo crea, el único que paga es el Estado. O sea, usted, yo, todos los que sí sabemos que a la vaca no se le mata nomás por sospechosa.
Y COMO muestra de este teatro del absurdo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy seria ella, acaba de emitir lineamientos para que los pobres diablos que han sido condenados injustamente —víctimas del error judicial, dicen con elegancia jurídica— puedan al menos pedir una indemnización. Eso sí, sólo si logran demostrar que hubo dolo, culpa o negligencia por parte del juez que los condenó. O lo que es lo mismo: tienen que probar que quien los hundió en la cárcel lo hizo por bruto o por maldito. ¡Suerte con eso!
PERO no se emocione de más, estimado lector. Porque no es contra el juez la cosa, no señor. Es contra el Estado, que generosamente se hace responsable de los pecados ajenos. Así que si alguna vez le siembran droga, le arrancan una confesión a punta de golpes o lo meten al bote por un crimen que no cometió, usted puede salir —años después, claro— con una lanita… que pagamos todos. El juez, por su parte, sigue en funciones, quizá ascendiendo, tal vez redactando otra condena firme con “detallitos” procesales.
EJEMPLOS sobran. Juana Hilda González, acusada del asesinato de Hugo Wallace, fue torturada hasta confesar y pasó años en prisión. Hoy, gracias a que la Corte reconoció que las pruebas eran más falsas que un billete de tres pesos, ya está libre. Brenda Quevedo, su coacusada, aún sigue en arresto domiciliario, esperando que la justicia se digne a darse cuenta de que fue una más a la que le amarraron la pata.
Y QUÉ DECIR de los cuatro protagonistas de “Duda Razonable”, quienes fueron condenados sin que la víctima pudiera reconocerlos y sin pruebas contundentes. Tres años tras las rejas, sólo para que después se les dijera: “Ups, perdón, no era con ustedes”. Acteal, Atenco, el caso de Alejandra Cuevas… cada historia más grotesca que la anterior. La justicia mexicana es como esa tía despistada que siempre regala la talla equivocada: nunca atina, pero no acepta devoluciones.
AHORA bien, para los que logren salir vivos del sistema, la Corte también diseñó una metodología muy pulidita para los juicios de “Reconocimiento de Inocencia”. En español simple: si aparece una prueba nueva que demuestra que usted es inocente, puede intentar que le borren la mancha judicial. Aunque claro, siempre y cuando esa nueva prueba no sea tan nueva, sino irrevocable, confirmada y bendecida por todo el santoral procesal.
TODO suena muy garantista, muy europeo, muy derechos humanos. Pero aquí seguimos sin tocar a los verdaderos responsables. Porque en México, quien ata la pata del inocente no sólo no peca, sino que tiene fuero, protección y una pensión garantizada. Así, la justicia no sólo llega tarde: llega manchada de cinismo, cargada de tecnicismos y, eso sí, bien blindada para no incomodar a nadie con toga.
Y mientras tanto, los inocentes salen con una mano adelante y otra atrás. Agradecidos por estar libres, sí, pero marcados para siempre. En este país, la vaca siempre acaba muerta… y el que le ató la pata se jubila con honores.
