- Entre otras garantías que se plantean incorporar al reglamento destacan el suministro adecuado de insumos y medidas para proteger la salud de los infractores.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios promueve medidas para salvaguardar la dignidad y los derechos de quienes eligen el trabajo social como sanción por faltas administrativas.
Esto, como parte del proceso de actualización del Reglamento de Justicia Cívica.
Edgar Ricardo Mora Ucán, titular de la Dirección, explicó que uno de los principales cambios que se busca implementar es eliminar el uso de uniformes o distintivos visibles que identifiquen a estas personas como infractores.
En su lugar, la identificación será discreta y utilizada únicamente para fines de supervisión.
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Lo anterior, para que las personas que conmutan este tipo de sanciones lo hagan bajo un esquema de igualdad y, sobre todo, que no pueda ser señalado por la población por haber cometido esta falta.
Se haría de esta forma la diferencia de que no se trata de un delincuente, sino un infractor.
“El hecho de estar temporalmente retenido o incluso aunque hayan pagado la multa, no es lo mismo que la cárcel, tampoco les genera antecedentes penales.
“Es una falta administrativa, que sí se toman fotografías y cierta información, pero bajo ningún esquema genera una posibilidad de que la persona esté bajo una ficha de búsqueda o temas de este tipo”, declaró.
Entre otras garantías que se plantean incorporar al reglamento destacan el suministro adecuado de insumos para realizar el trabajo social, medidas para proteger la salud de los infractores ante las altas temperaturas, y acceso permanente a hidratación.
El pasado 1 de julio, personal de la Dirección realizó un recorrido por el Centro de Retención Municipal, conocido como “El Torito”, donde se instalaron carteles con información de contacto para presentar quejas ante posibles violaciones a derechos humanos.
Durante la inspección también se verificaron condiciones básicas de bienestar: estado físico de las celdas, calidad de los alimentos -preparados en el lugar y servidos tres veces al día-, acceso ilimitado al agua, suministros de higiene para mujeres y posibilidad de realizar llamadas.
Además, se comprobó la existencia de infraestructura adecuada para personas con discapacidad y se reforzó la señalización de espacios específicos para personas de la comunidad LGBTQ+, que si bien ya existían, no estaban claramente identificados.
Mora Ucán informó que hasta la fecha no se han registrado quejas formales ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado respecto a las condiciones en “El Torito”.
A nivel municipal, las únicas inquietudes recibidas han sido de carácter administrativo y se resolvieron de inmediato.
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