Por KUKULKÁN
DESPUÉS de años de hacer oídos sordos, el Senado ha descubierto, en un arranque de iluminada voluntad democrática, que los familiares de personas desaparecidas existen. Y no solo eso: que tienen algo que decir. Tan sorpresivo hallazgo ha derivado en un proceso para seleccionar a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. ¿El objetivo? Que por fin se escuche a quienes llevan años pateando la tierra, husmeando entre basura y maleza en busca de los suyos, con más corazón que presupuesto y más miedo que respaldo.
DE 138 personas registradas como aspirantes a este ilustre club honorífico, solo 44 cumplieron con los requisitos -que uno sospecha incluyen ser lo suficientemente obedientes para no incomodar demasiado al poder-. El Consejo será integrado por cinco familiares de desaparecidos, cuatro especialistas (uno con experiencia forense, a ver si ahora sí usan ADN y no intuición), y cuatro representantes de organizaciones civiles. En suma, un esfuerzo loable… aunque, como buen trámite legislativo, llega cuando la casa ya está en llamas.
Y ES QUE mientras los senadores se felicitan por aprobar metodologías y formatos de evaluación, allá afuera sigue el verdadero infierno: 125,287 personas desaparecidas según el último corte oficial (y eso sin contar a quienes ni siquiera llegan al registro). El 90 % de esos casos ocurrieron desde 2006, y más de 60 mil desde 2019. ¿Sabían eso quienes redactaron la convocatoria? ¿Leyeron los informes? ¿O solo ajustaron el guion para que parezca que ahora sí están haciendo algo?
LO CIERTO es que los colectivos de búsqueda llevan años haciendo el trabajo que el Estado nunca quiso -o pudo- hacer Madres Buscadoras de Sonora, Rastreadoras de Sinaloa, y muchas otras han recuperado más de 2,700 cuerpos sin mayor ayuda institucional que un par de frases condescendientes en alguna mañanera. ¿Qué les ofrece ahora el flamante Consejo? ¿Una silla en la que podrán hablar mientras los burócratas fingen tomar notas?
ESO SÍ, los requisitos para postularse eran tan estrictos como un examen de ingreso a la NASA: documentos oficiales, formatos, referencias y hasta disponibilidad para presentarse en el Senado. Todo eso mientras muchas familias siguen sin dinero para trasladarse a la capital o imprimir papeles. Pero no se preocupen, el Consejo será “ciudadano”, dicen ellos, como si eso curara las heridas.
Y NI HABLAR de las demandas más sonadas: acceso a la verdad, justicia, identificación de cuerpos, participación real, protección frente a amenazas… Básicamente, cosas que el Estado debería haber garantizado desde siempre. Aunque claro, eso cuesta, requiere voluntad y, sobre todo, implica aceptar que hay responsabilidad institucional en esta tragedia.
MIENTRAS tanto, siguen sin cifras claras sobre fosas clandestinas. Más de 72,000 cuerpos sin identificar desde 2006, y las autoridades han decidido que ya no es necesario compartir esa estadística. Total, ¿quién va a reclamar? ¿Las mismas madres que siguen recibiendo amenazas por buscar a sus hijos? ¿Las mismas que han visto morir a sus compañeras sin una sola condena?
EL NUEVO Consejo, si quiere ser algo más que una caja decorativa en el Sistema Nacional de Búsqueda tendrá que pelear contra el olvido institucionalizado y el simulacro legislativo. Tendrá que incomodar. Tendrá que decir lo que nadie quiere escuchar. Porque si todo esto termina en una foto grupal y unos cuantos boletines de prensa, entonces mejor que dejen el trabajo a las verdaderas expertas: las madres con pico y pala que ya demostraron que no necesitan permiso para buscar. Ahora el balón está en su cancha. Pero que no se les olvide: la tierra sigue hablando. Y cada cuerpo hallado grita lo que los gobiernos callan.
