- Al menos ocho ejecuciones de líderes sindicales ha reportado la prensa en México desde 2024.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Los líderes sindicales siempre han sido figuras incómodas en México: mediadores, negociadores, guardianes —o disputadores— de los derechos laborales. Pero en los últimos 20 meses, esa incomodidad parece haberse vuelto letal. Desde enero de 2024 hasta agosto de 2025, al menos ocho dirigentes gremiales han sido asesinados en distintos puntos del país, una tendencia que se consolida como un nuevo y alarmante capítulo de violencia selectiva.
El caso más reciente estremeció a Quintana Roo. El 4 de agosto, en pleno corazón de Cancún, Mario Machuca Sánchez, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), fue acribillado mientras se encontraba en una camioneta en una agencia automotriz.
Dos hombres, disfrazados de repartidores, se acercaron en motocicleta y le dispararon a quemarropa. La Fiscalía estatal sostiene que el móvil principal está ligado a su labor sindical. Días después, tres presuntos implicados fueron detenidos en la Ciudad de México; uno de ellos, según las investigaciones, habría cobrado 50 mil pesos y un vuelo para ejecutar el crimen.
Pero Quintana Roo no es un caso aislado. En Oaxaca, el 9 de julio, el dirigente de la Confederación Joven de México, Juan Yavhé Luis Villaseca, fue asesinado junto a su familia en un parque de la capital. La fiscalía local señaló como línea de investigación una disputa intersindical.
En el Estado de México, el 30 de marzo, dos líderes fueron ejecutados en hechos distintos, pero con un mismo patrón: ataques en plena cancha de fútbol, perpetrados por sicarios en motocicleta. René Ruiz Santillán, de la CTC “Lázaro Cárdenas del Río”, cayó en Cuautitlán Izcalli; José Carlos Sánchez, del sindicato 22 de Octubre, en Chicoloapan.
En Guerrero, la violencia golpeó al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPEG) Sección 19. Humberto Piza Pérez, su secretario general, fue asesinado en junio en Acapulco; un mes después, el secretario de finanzas, Rafael Muñoz Gómez, corrió la misma suerte. Ambos casos siguen bajo investigación.
La lista se extiende hasta el noroeste del país. En Baja California, el líder pesquero Sunshine Antonio Rodríguez Peña fue abatido en marzo de 2025 con decenas de disparos en Mexicali. Un año antes, en julio de 2024, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, Minerva Pérez Castro, fue asesinada en Ensenada tras denunciar problemas de inseguridad en el sector.
El denominador común es inquietante: ataques directos, en espacios abiertos, con ejecuciones rápidas y planeadas. Ninguno de estos crímenes tuvo como móvil el robo; en todos, la actividad gremial aparece como posible causa o catalizador, aunque las autoridades, prudentes o temerosas, rara vez confirman vínculos con crimen organizado.
La violencia contra líderes sindicales se inscribe en un panorama más amplio: defensores ambientales, periodistas y dirigentes comunitarios han sido igualmente blanco de agresiones y asesinatos. El patrón es claro: quien representa intereses colectivos y desafía estructuras de poder —legales o ilegales— se expone a un riesgo que crece en la misma proporción que la impunidad.
