José Réyez
La delincuencia ambiental organizada es una de las principales causas de la deforestación, contaminación de agua y suelo, violencia, pérdida de biodiversidad y degradación ambiental en la Sierra Tarahumara, denuncia la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (IG-CO).
La presencia de grupos criminales, industrias extractivas autorizadas, la proximidad de la Sierra a la frontera con Estados Unidos y el cambio climático han intensificado la competencia por la tierra cultivable en la Sierra Tarahumara, advierte un su informe Impacto de pérdida de biodiversidad y ambiental delitos contra las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara.
Las comunidades entrevistadas por la IG-OC identificaron tala ilegal, minería, vertimiento de desechos tóxicos, tráfico de vida silvestre y la pesca no reglamentada como delitos ambientales ocurridos en sus ecosistemas forestales.
Señala que la tala ilegal de pinos está orquestada por una red de funcionarios gubernamentales corruptos (desde locales hasta municipales), ejidatarios, caciques (jefes) y muchas familias indígenas que dependen de la industria maderera para sus medios de vida, principalmente como trabajadores manuales.
Además del daño ambiental causado por las industrias extractivas autorizadas, los entrevistados por la IG-CO sostienen que grupos criminales organizados son responsables del cultivo de amapola y marihuana en tierras deforestadas.
Tradicionalmente, dice, las comunidades indígenas de la región han participado en agricultura de subsistencia. Sin embargo, la rápida pérdida de tierras ha afectado su salud y sus medios de vida, perturbado sus identidades socioculturales y facilitado su participación en economías criminales, advierte el informe.
Pérdidas socioculturales y económicas amplias y abruptas han provocado profundas fricciones entre los rarámuris y ódames, que se manifiesta en tasas crecientes de adicción al alcohol y violencia doméstica en sus comunidades.
Por otro lado, precisa que los delitos ambientales perpetrados por actores estatales o privados a menudo recurren a poderosos lobby para obtener licencias y burlar los marcos legales de protección ambiental y derechos indígenas, como evaluaciones de impacto y consentimiento fundamentado previo de los pueblos indígenas.
Además, las comunidades indígenas denuncian que tienen que resistir diversos intereses económicos al luchar por sus derechos territoriales y la protección de los bosques y áreas cultivables.
La presencia de grupos criminales aumenta la competencia por la tierra cultivable, marginando aún más a estas comunidades, desplazados por la fuerza de sus tierras ancestrales o reclutados como actores de bajo nivel en las florecientes industrias de operaciones ilícitas.
Los rarámuris desplazados huyen a las ciudades en busca de refugio o trabajo, supuestamente son discriminados y sus hijos a menudo abandonan la escuela. Muchos jóvenes de la comunidad pierden la vida por la adicción a las drogas y al alcohol o encuentran su identidad en las extensas operaciones de organizaciones criminales.
La aplicación de la ley ha sido ineficaz debido a una serie de factores, desde la falta de protección de los testigos hasta corrupción y marginación de los derechos territoriales indígenas.
Líderes rarámuri y ódame han organizado movimientos por la paz para enfrentar la pérdida de biodiversidad a través de proyectos de restauración como captaciones de agua comunales y reforestación en línea con el programa de plantación de árboles Sembrando Vida del estado.
Para denunciar delitos ambientales, se basan en organizaciones como la Consultoría Técnica Comunitaria, Alianza Sierra Madre y el Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas para asistencia jurídica en la documentación, casos, presentar demandas y relacionarse con las autoridades.
Las mujeres rarámuri y ódame han colaborado con grupos de la Iglesia católica, acompañadas por líderes religiosas y sacerdotes jesuitas en Chihuahua, para amplificar sus voces. Ellos usan festivales y encuentros religiosos y culturales para fomentar la unidad en la defensa de su territorio, derechos y patrimonio cultural.
Estas estrategias de resiliencia han ido facilitando paulatinamente la presencia de mujeres rarámuri y ódame en movimientos políticos y procesos de toma de decisiones. A pesar de estas estrategias, las organizaciones narcotraficantes continúan intimidando, amenazando y asesinando activistas indígenas y miembros de estos colectivos, incluidas mujeres.
