- En una audiencia de más de 17 horas, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, así como 9 marinos y funcionarios aduaneros fueron vinculados a proceso.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- En una audiencia de más de 17 horas, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, así como 9 marinos y funcionarios aduaneros fueron vinculados a proceso por presuntamente estar implicados en el desembarque de 31 buques con huachicol fiscal en las Aduanas de Altamira y Tampico, en los dos últimos años.
Mario Martínez Elizondo, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, procesó a los imputados por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
“Se advierte la existencia de una organización delictiva integrada por personas de la Marina, funcionarios, agentes aduanales y empresarios”, dijo el impartidor de justicia.
“No comparto la opinión de que tiene que acreditarse que todos y cada uno de los buques descargaron hidrocarburos ilegales, sino si existe o no un grupo delictivo. Los datos de prueba permiten suponer que probablemente se cometieron las conductas imputadas”.
Los Fiscales imputaron a los marinos y ex funcionarios de ser parte de una organización criminal que permitió descargar 31 buques de combustible bajo la modalidad de “huachicol fiscal” entre el 4 de abril de 2024 y el 19 de marzo de 2025, en las aduanas de Altamira y Tampico, en Tamaulipas.
Los barcos arribaban a los recintos fiscales 289 y 290 operados por las empresas cesionarias Tampico Terminal Marítima y Administración de Servicios Comunes Portuarios, ubicadas en Tampico.
Uno de ellos fue el buque Challenge Procyon. En él hace medio año se aseguraron 10 millones de litros de hidrocarburos importados por la empresa regiomontana Intanza.
Si bien el Juez los vinculó a proceso por el delito originalmente imputado por la Fiscalía General de la República (FGR), también hizo una reclasificación: redujo de 6 a 3 el número de personas que presuntamente cometieron el ilícito con funciones de mando o dirección, es decir, como jefes de la organización criminal.
En esa categoría quedaron sólo los dos sobrinos políticos del ex Secretario de la Marina, Rafael Ojeda, y el Capitán Miguel Ángel “N”, supuesto operador de dichos mandos de la Armada. De los tres, sólo el Vicealmirante está detenido.
El Juez ratificó a todos los imputados la prisión preventiva oficiosa, razón por la que los procesados del sexo masculino permanecerán presos en el Penal del Altiplano durante el proceso, mientras que dos de las tres mujeres continuarán en el Penal Federal Femenil de Morelos.
Además, les fijó un plazo de 6 meses para la investigación complementaria, tiempo previsto para que la Fiscalía General de la República (FGR) y los defensores reúnan sus respectivos datos de prueba.
La audiencia inició el lunes a la 11 de la mañana y concluyó el martes a las cuatro de la madrugada.
REFUTA DEFENSA PRUEBAS
En la audiencia, los defensores pidieron al Juez Martínez invalidar las declaraciones del testigo protegido “Santo”, la información bancaria proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y un video de YouTube en el que se acusa de corrupción a los marinos, pero no lo consiguieron.
Los abogados plantearon que todas esas pruebas tenían un grado de ilicitud porque fueron obtenidas sin los requisitos legales o, en su defecto, no tenían acreditada la cadena de custodia.
Uno de los blancos fue el testigo protegido “Santo”, cuyas declaraciones llevaron a la cárcel a marinos y funcionarios aduaneros presuntamente implicados en este caso de huachicol fiscal.
Los litigantes señalaron que “Santo” no era testigo protegido cuando en mayo y junio de este año rindió sus primeras declaraciones contra miembros de la Armada, no obstante que en las investigaciones ya aparecía con su identidad protegida y no se ejerció la acción penal en su contra.
Señalaron que fue hasta el 2 de septiembre, 14 días después de ordenarse las capturas, cuando la Fiscalía le tomó una declaración ministerial y fue reconocido como testigo colaborador. Sin embargo, el Juez señaló que no había ninguna irregularidad.
“Declaró en un principio como testigo y después como testigo colaborador. El 28 de julio ingresó al Programa de Testigos Colaboradores de la Fiscalía”, reviró el Juez.
“Que no tuviera un representante jurídico no invalida sus declaraciones porque al principio las rindió como testigo. No le resta validez, ya hubo una persona que perdió la vida. Voy a concederle eficacia demostrativa”.
Martínez Elizondo señaló que era importante la información aportada por el testigo protegido, máxime porque ya habían sido asesinados el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y la funcionaria de la FGR, Magaly Janet Nava Ramos.
“La muerte de estas dos personas puede tener un efecto inhibidor sobre otras personas que pudieran aportar información”, dijo el Juez.
“Voy a conferirle eficacia demostrativa al testigo colaborador ‘Santo’ y a la carta de Fernando Rubén Guerrero Alcántar (dirigida en junio de 2014 al secretario de la Marina, Rafael Ojeda) porque son hechos que a ellos les consta”.
Sobre la ilegalidad de la información presentada por la UIF, el juzgador respondió que no era una prueba ilícita sino “imperfecta” porque la obtuvo a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante un procedimiento previsto por ley.
Sin embargo, para zanjar esta discusión, dijo que no usaría esa información porque contenía datos de estados de cuenta, protegidos por el secreto bancario.
La otra prueba que atacaron los abogados es un video titulado “Mxxxx 000” del usuario “Mx.pais.huachicol”, subido a YouTube, en el que se acusa una red de corrupción de marinos en las Aduanas.
