Zósimo Camacho
Todo un año –apenas el pasado, 2024– dedicó oficialmente el gobierno federal a uno de los liderazgos más auténticos de la Revolución Mexicana: Felipe Carrillo Puerto, quien encabezó un gobierno realmente revolucionario en Yucatán entre 1922 y 1924. Originario de la comunidad maya de Motul, el zapatista y socialista gobernaría para los desposeídos y los explotados: reivindicó los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, garantizó la educación pública, laica y gratuita para las clases desprotegidas y, entre otras gestas, llevó a cabo uno de los más profundos repartos agrarios, con 664 mil hectáreas para 31 mil familias mayas.
Sin embargo, su legado está siendo dinamitado desde la raíz. El propio ejido de Motul se desgarra. En el corazón de Yucatán persiste un conflicto que evidencia las viejas prácticas de despojo, corrupción e impunidad que supuestamente son cosa del pasado neoliberal pero que siguen tan vigentes como impunes.
Los ejidatarios de Motul, herederos legítimos de aquella reforma agraria de Carrillo Puerto, claman por justicia ante un despojo sistemático de sus tierras, en los hechos avalado por autoridades de los tres niveles de gobierno y un Poder Judicial históricamente al servicio del dinero.
Desde el año 2000, pero con mayor intensidad a partir de 2010, se ha venido ejecutando un plan de acaparamiento de tierras ejidales en Motul. El operador de este despojo es Olivier Henri Georges Marie Dutoit Caldairou, ciudadano marroquí-francés y representante de la Sociedad Inmobiliaria Gran Puente. Con la complicidad de funcionarios del gobierno panista de Mauricio Vila Dosal (2018-2024) y la omisión de instituciones agrarias como la Procuraduría Agraria (PA), el Registro Agrario Nacional (RAN) y los Tribunales Agrarios, ha cercado accesos, intimidado con guardias armados y ha intentado apropiarse de parcelas y tierras de uso común, incluyendo la exhacienda henequenera Santa Teresa.
El despojo incluye una criminalización planificada contra quienes defienden la tierra. Luis Armando Chuc Sánchez, ejidatario reconocido por su liderazgo en la resistencia, lleva desde 2019 enfrentando un proceso penal fabricado por el abogado Miguel Bargas –conocido por su “influencia” sobre jueces y ministerios públicos– bajo los delitos de “privación ilegal de la libertad y daños en propiedad ajena en pandilla”. Junto a él, dos compañeros más, Sixto Jorge Noh Arguelles y Julián Can y Chuc, también están vinculados a proceso. Mientras ellos deben firmar cada mes, Chuc Sánchez sufrió arresto domiciliario y grillete electrónico, que le impide trabajar y sostener a su familia, hasta la semana pasada.
El juicio, sin embargo, sigue. Le han ofrecido ahora un proceso “abreviado” bajo la condición de que se declare “culpable”. Como la dignidad no tiene precio, ha asumido que defenderá su inocencia.
Los detalles del caso son escalofriantes: el juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda vinculó a proceso a los ejidatarios basándose únicamente en declaraciones de exintegrantes del Comisariado Ejidal –hoy fallecidos– y sin pruebas materiales. No hubo cadena de custodia de los supuestos candados y cadenas que se usaron para encerrar a las “víctimas”, y la policía municipal reportó “sin novedad” durante todo el día de los hechos. Incluso la secretaria del Comisariado, María Basilia Estrella, presentó en marzo de 2025 un desistimiento admitiendo que no estuvo presente y que firmó documentos presionada por Bargas. Sin embargo, la jueza Diana Yadira Garrido Colonia ha ignorado su solicitud.
Detrás de todo esto opera también Julio Balam Escamilla, un personaje recurrente en casos de despojo. No cuenta con derechos ejidales, pero tiene el poder de manipular asambleas, vender tierras ilegalmente, destruir milpas y golpear a ejidatarios, todo con total impunidad. Aparece irregularmente en los archivos del RAN como parte del ejido, cuando nunca la asamblea le ha concedido algo. Es el brazo ejecutor de una estructura que vacía de contenido los derechos agrarios y convierte la tierra en mercancía barata para el capital inmobiliario.
Luis Armando Chuc Sánchez, en una carta dirigida al secretario general de gobierno de Yucatán, Omar David Pérez Avilés, expone con crudeza cómo su defensa fue saboteada por su propio abogado, Edier Josue Pech Farfán, controlado por Bargas. Relata cómo su ausencia en una audiencia por una emergencia médica documentada fue ignorada y cómo pasó seis meses en reclusión antes de ser sometido al arresto domiciliario.
Perseguido político, Chuc Sánchez es también un preso de conciencia, con una lucha que traspasa regiones y épocas. La misma que hacía gritar a los campesinos de Atenco: “La tierra no se vende, se ama y se defiende”, que formó colectividades agrarias con Rubén Jaramillo y que se manifestó en el Plan de Ayala.
Este caso no es aislado. Refleja un patrón de acaparamiento de tierras ejidales en la península de Yucatán, documentado por el RAN en un informe dado a conocer en este espacio a principios de año. Los ejidatarios de Motul, como muchos otros en el país, siguen esperando que la justicia agraria deje de ser una promesa y se convierta en realidad.
Motul, cuna de Carrillo Puerto, símbolo de la lucha por la tierra y la justicia social, hoy es también el espejo de las deudas pendientes. ¿Se actuará con firmeza contra estos mecanismos de despojo y persecución o las referencias al “apóstol rojo de los mayas” son mera retórica?
Así, mientras se enaltece la figura de Felipe Carrillo Puerto con homenajes y discursos, en su tierra natal se pisotea su legado y se traiciona la confianza de quienes aún creen en la justicia agraria. La lucha de Luis Armando Chuc Sánchez y los ejidatarios de Motul es por la tierra; pero también por la memoria, la dignidad y el futuro. Y sin pretenderlo, es también un examen a un proyecto de nación que prometió poner al pueblo primero.
