- El INE elaborará una propuesta para demandar al Congreso mayores herramientas de fiscalización a fin de detectar el dinero en efectivo que fluya en las campañas políticas.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) elaborará una propuesta para demandar al Congreso mayores herramientas de fiscalización a fin de detectar el dinero en efectivo que fluya en las campañas políticas, ante el alto riesgo de que ese tipo de financiamiento pueda provenir del crimen organizado o entes prohibidos.
La Unidad de Fiscalización del organismo presume que ese circulante es empleado para compra del voto y pagar la movilización a mítines, por lo que no deja rastro e impacta en el resultado de los procesos eleccionarios.
La regla actual es que los partidos políticos sólo pueden realizar operaciones en efectivo menores a 90 UMAS, equivalente a unos 10 mil pesos, por lo que cifras superiores a ese monto deben ser realizadas por transferencia o cheque para que el INE le siga el rastro.
Por ejemplo, se advierte, algunas empresas “pagan compensaciones” en efectivo a candidatos para que les ayuden a entrar a la lista de proveedores del Instituto a fin de que, durante las campañas, puedan ganar contratos de partidos.
Mientras que compañías que ya están en esos listados “recompensan” a los aspirantes o partidos con efectivo para que les den cuantiosos contratos legales durante el proselitismo.
En el marco de la reforma electoral, una de las exigencias del INE al Congreso será otorgarle facultades para sancionar “con mayor rigor” a las empresas que no atiendan los requerimientos del organismo, además de permitirles ir más allá en la investigación de compañías, no sólo a los titulares, sino a los socios o beneficiarios.
En la actualidad, los auditores del INE están facultados para acudir a los mítines de candidatos y partidos, pero pedirán que les permitan ampliar su campo de acción para detectar trampas o entrega de “dádivas”.
Cuatro consejeros entrevistados coincidieron en que otra de las exigencias será establecer en la legislación que autoridades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Bancaria o cualquier dependencia deban entregar la información que solicite el INE para detectar irregularidades, pues actualmente priva el secreto ministerial o bancario.
“Hemos presentado aquí (en el Consejo) los requerimientos que hacemos a la UIF, y nos niega de manera constante información, o cuando la Fiscalía General de la República nos niega información aludiendo a un secreto ministerial”, advirtió la consejera Dania Ravel.
“Entonces, para la autoridad fiscalizadora no debe ser oponible ningún tipo de secreto. En el caso de la Fiscalía, hemos visto discrecionalidad, porque a veces lo aluden y a veces no”, advirtió la consejera Dania Ravel.
Jaime Rivera consideró deseable fortalecer las capacidades de fiscalización del INE para garantizar la equidad en la contienda.
“Lo primero es establecer, de manera explícita, la obligación de otras autoridades de proporcionarle al INE la información que necesita para cumplir con sus tareas de fiscalización a plenitud”, señaló el consejero.
APUNTAN A ACTOS ANTICIPADOS
La elección presidencial de 2024 mostró que el marco normativo para regular los actos anticipados de precampaña y campaña quedaron rebasados, por lo que el INE impulsará una actualización en el modelo de comunicación política para frenar que candidatos y partidos realicen propaganda adelantada.
“Los límites y restricciones que pusieron para precampañas, para campañas, en los tiempos y a su vez alineados a los procedimientos sancionadores, es un tema relevante porque tal parece que las fuerzas políticas no están dispuestos a cumplir tiempos, parece que hay una ‘forma diferente’ de ver el momento político”, alertó la consejera Claudia Zavala.
“Lo peor que puede pasar es que, estando en la Constitución, estando en la ley, no se cumplan las reglas”.
