- Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners buscan que el Gobierno Federal intervenga para que TV Azteca pague la deuda que mantiene con acreedores.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Las administradoras de fondos de inversión estadounidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners buscan que el Gobierno Federal intervenga para que TV Azteca pague la deuda que mantiene con acreedores.
“Independientemente del proceso de arbitraje, Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners buscan un canal de comunicación de alto nivel y efectivo con el gobierno mexicano para ser escuchados y explorar un acuerdo que garantice una solución a esta disputa”, señalaron las firmas legales estadounidenses.
Los fondos de inversión presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) su réplica, esto como parte del proceso en el que la televisora del empresario Ricardo Salinas Pliego mantiene un proceso legal en EU.
Las empresas recordaron que el arbitraje que mantienen contra el Estado mexicano se basa en la denegación de justicia que les impusieron los tribunales mexicanos en un litigio iniciado por TV Azteca contra sus prestamistas en 2022.
TV Azteca utilizó un procedimiento secreto para obtener una orden judicial contra sus prestamistas por motivos falsos y fácilmente refutables en violación de las obligaciones de México con esos inversionistas estadounidenses en virtud del derecho internacional, resaltaron los fondos de inversiones.
El arbitraje busca reparación por la manipulación abusiva de TV Azteca de los tribunales mexicanos para obstruir la recuperación legítima de 500 millones de dólares por parte de los inversionistas estadounidenses, una cantidad que continúa aumentando porque aún hoy permanece protegida de responsabilidad debido a las acciones indebidas de los tribunales mexicanos locales.
“México es responsable bajo el derecho internacional por el mal uso de su sistema judicial a favor de TV Azteca que resultó en una denegación de justicia para estos inversionistas estadounidenses y el arbitraje internacional es el único recurso disponible para que los inversionistas hagan valer sus derechos”, dijo Katherine P. Padgett, de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP y asesora legal de los demandantes.
Señaló que, en lugar de cumplir con sus obligaciones de pago bajo los términos del préstamo, TV Azteca optó por jugar con el sistema iniciando un procedimiento secreto y obteniendo una orden judicial sin fundamento fáctico en violación de los derechos de debido proceso de los Demandantes bajo el derecho mexicano e internacional.
“Esa orden judicial sigue vigente hoy, salvo que se recupere la deuda ahora vencida, porque el tribunal inexplicablemente ha permitido que TV Azteca mantenga esos procedimientos en espera indefinida. La justicia retrasada es una justicia denegada. La solicitud de arbitraje se basa específicamente en aquellas irregularidades a las que los inversionistas estadounidenses han sido sometidos involuntariamente”, añadió.
Los inversionistas recurrieron al arbitraje internacional bajo el T-MEC tras verificar que el proceso judicial en México se llevó a cabo sin respetar los derechos básicos del debido proceso, como su derecho a ser notificados o a presentar argumentos, situación que los dejó en total indefensión y favoreció a TV Azteca.
En un comunicado, los fondos de inversión recordaron que tanto el Gobierno de México como los inversionistas han enfrentado las consecuencias de un litigio interpuesto por TV Azteca que busca evadir sus responsabilidades, el cumplimiento del pago de bonos de deuda que emitió y que deben ser liquidados.
“No creemos que sea del interés del Gobierno de México utilizar sus propios recursos presupuestarios para defender una demanda que intenta justificar acciones del poder judicial que protegen ilegalmente a las empresas del Grupo Salinas, además de la incertidumbre que conlleva cualquier litigio de esta naturaleza”, destacó.
Resaltaron que el Poder Ejecutivo, como representante del Estado mexicano en este tipo de controversias, escuche las inquietudes de estos inversionistas.
Sin embargo, los demandantes aún no pueden consultar con los representantes de México a pesar de los esfuerzos para ser escuchados y evitar litigios que no sean de interés para ninguna de las partes.
De esta manera, los demandantes esperan evitar prolongar un proceso de arbitraje que en última instancia puede ser desfavorable para el Gobierno, pero que mientras tanto sirve como una defensa de alto perfil de los mismos problemas de corrupción y favoritismo en los tribunales mexicanos que esta administración se ha comprometido a combatir.
