- Diego Castañón Trejo decidió imponer restricciones a quienes accedan a las playas pues no podrán llevar sus propias sillas, sombrillas ni alimentos; todo deberá adquirirse en los hoteles, restaurantes o negocios establecidos, a los que el alcalde promueve.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
TULUM, QUINTANA ROO.- Alguna vez sinónimo de exclusividad y crecimiento desbordado, Tulum enfrenta hoy una tormenta perfecta: violencia, desplome turístico, conflictos por el acceso a sus playas y un gobierno municipal señalado por su improvisación y opacidad, que han provocado la peor crisis en más de una década.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que todas las playas del país son públicas y de libre acceso, el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, decidió imponer restricciones a quienes accedan a las playas pues no podrán llevar sus propias sillas, sombrillas ni alimentos; todo deberá adquirirse en los hoteles, restaurantes o negocios establecidos, a los que el alcalde promueve.
La medida, que en los hechos convierte el derecho al libre acceso en un privilegio condicionado al consumo, ha encendido la inconformidad de habitantes y turistas nacionales, que ven en ella una privatización disfrazada del espacio público. “No tiene sentido hablar de acceso libre si todo está prohibido. Las playas parecen un club privado al que hay que pagar para existir”, es la queja generalizada contra las nuevas reglas.
La controversia ocurre en medio de una caída sin precedentes del turismo. En la temporada reciente, la ocupación hotelera se desplomó a 30 % en la zona costera y apenas 15 % en el centro de la ciudad. Imágenes de playas vacías y locales cerrados se han vuelto virales, y algunos comerciantes llegaron incluso a ofrecer disculpas públicas a los turistas por la decadencia visible del destino.
El llamado boom inmobiliario y hotelero que transformó a Tulum en un ícono mundial del turismo eco-chic se ha topado con los límites de su propio modelo: precios exorbitantes, servicios deficientes, inseguridad y sobreexplotación ambiental. Comer en la playa puede costar lo mismo que en París, mientras los caminos, la recolección de basura y el transporte público se deterioran.
La apuesta federal por fortalecer la región con grandes proyectos de infraestructura tampoco ha dado los resultados esperados. El Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, inaugurado en 2024 con la promesa de atraer turismo internacional, enfrenta una fuerte disminución en rutas y vuelos. En junio de 2025, los vuelos internacionales cayeron más del 50 % respecto al año anterior, según datos de portales especializados en aviación.
A esta crisis económica se suma la inseguridad. En marzo de 2025, el secretario de Seguridad municipal, José Roberto Rodríguez, fue asesinado a tiros durante un operativo en la colonia La Veleta. Días antes, las oficinas de la Fiscalía de Quintana Roo habían sido baleadas. Los episodios confirmaron la presencia activa del crimen organizado, que opera desde los servicios turísticos hasta la venta de terrenos y el control de bares y antros.
Estos hechos han generado preocupación en el extranjero. Medios internacionales como El País y Time han retomado la violencia en Tulum como un ejemplo de cómo el turismo de lujo convive con la criminalidad en expansión. La embajada de Estados Unidos, por su parte, ha mantenido sus advertencias de viaje hacia la región por riesgo de crímenes violentos.
En contraste con todo ello, el gobierno municipal presume el Parque Nacional del Jaguar, un proyecto de turismo regulado que busca limitar el ingreso de vehículos, reducir la presencia de vendedores ambulantes y controlar la cantidad de visitantes. Sin embargo, la iniciativa —promovida como ecológica— ha derivado en mayores restricciones y costos para los usuarios.
El parque, que debería proteger el entorno natural, se ha convertido en un símbolo de exclusión. Las comunidades locales, los vendedores y los turistas nacionales se quejan de que el nuevo modelo favorece a los grandes hoteles y expulsa a los pequeños comerciantes. Incluso, asociaciones turísticas han advertido que la gestión del parque y sus tarifas excesivas contribuyen al desplome en la afluencia.
El costo político
La crisis de Tulum tiene nombre y apellido. En el centro de las críticas está el alcalde Diego Castañón, a quien se acusa de falta de liderazgo, improvisación y conflictos de interés. Su gestión, dicen empresarios y actores locales, ha carecido de una visión integral para rescatar al destino.
A pesar de ello, Castañón ha dejado entrever su aspiración a convertirse en gobernador del estado. Una ambición que contrasta con la realidad de su municipio: turismo desplomado, negocios quebrados, inseguridad creciente y una imagen internacional deteriorada.
Durante años, Tulum fue el escaparate del turismo alternativo y del desarrollo acelerado, pero hoy se encuentra ante un punto de inflexión. Los excesos, la corrupción y la falta de planeación están cobrando factura. Lo que alguna vez fue símbolo de modernidad y exclusividad, hoy enfrenta el reto de reinventarse o morir asfixiado por su propio éxito.
El mar sigue siendo azul y las ruinas mayas, imponentes. Pero el brillo se desvanece entre las restricciones absurdas y la sombra de un gobierno más preocupado por los negocios que por la gente.
