José Réyez
La sombra del crimen organizado se extiende con fuerza renovada sobre América Latina. Grupos como el Cartel de Sinaloa, las maras centroamericanas, Los Choneros en Ecuador o el Tren de Aragua en Venezuela ya no son sólo un problema local, sino una amenaza transnacional que desafía la capacidad de los Estados.
Este panorama, diverso y con un creciente poder de corrupción y fuego, exige una respuesta igualmente evolucionada y sofisticada. La experta Carolina Sancho Hirane lo deja claro: la batalla contra este flagelo requiere, urgentemente, la modernización del Estado, y en el corazón de esta transformación debe estar la función de inteligencia.
Durante décadas, la concepción del crimen organizado se ha mantenido relativamente estática. Sin embargo, el fenómeno ha mutado. Hoy se le analiza como un ente con capacidad de crecer, reproducirse y adaptarse, estableciendo relaciones simbióticas o parasitarias con las estructuras estatales y sociales.
Esta “zona gris”, donde cohabitan agentes del Estado y delincuentes, es el ecosistema perfecto para su supervivencia y expansión. No se trata simplemente de grupos delictivos, sino de organizaciones empresariales que operan en mercados ilícitos y buscan monopolizarlos.
Ante esta realidad, la respuesta no puede limitarse a la fuerza bruta o a acciones policiales reactivas. La inteligencia emerge como la herramienta fundamental. Pero no cualquier inteligencia. La llamada “inteligencia criminal” o “inteligencia contra el crimen organizado” va más allá de la mera investigación policial.
Su objetivo es identificar la naturaleza, actividades, características y hábitos de los grupos criminales, proporcionando el conocimiento necesario para evaluar tendencias y amenazas en tres niveles: estratégico, operacional y táctico.
El problema en la región es que esta función especializada suele confundirse o reducirse a la inteligencia policial. El trabajo está fragmentado: la inteligencia penitenciaria, la financiera (contra el lavado de activos) y la aduanera operan en compartimentos estancos. Cada una posee una pieza del rompecabezas, pero rara vez se unen para ver la imagen completa.
Como señala Sancho Hirane, graduada del Centro Perry, Universidad Nacional de la Defensa, (EEUU) esta fragmentación impide dimensionar la verdadera magnitud de las organizaciones criminales, sus mecanismos de actuación y sus fuentes de financiamiento.
La propuesta de la experta es contundente: los países latinoamericanos deben integrar un subsistema de inteligencia contra el crimen organizado transnacional dentro de su sistema de inteligencia estatal.
Este subsistema debe articular, de manera coordinada y bajo un liderazgo claro, a las entidades que poseen información crítica: la policía, los servicios penitenciarios, las unidades de inteligencia financiera y las aduanas. Sólo la integración de estos flujos de información restringida permitirá desarticular no sólo a los actores visibles, sino también sus redes logísticas y financieras.
La modernización del Estado para enfrentar este desafío debe guiarse por criterios de eficacia, eficiencia, sostenibilidad y sustentabilidad. No se pueden diseñar políticas públicas a espaldas de un diagnóstico compartido entre todos los actores relevantes, incluyendo a la sociedad civil, el sector privado y la academia.
La lucha debe ser integral, combinando la persecución y la sanción con la prevención y la anticipación. Además, debe ser sostenible en el tiempo, con un compromiso que trascienda los ciclos políticos y se mantenga frente a un enemigo que, sin duda, lo hará.
La conclusión es ineludible. El crimen organizado del siglo XXI no puede combatirse con las herramientas del siglo XX. La corrupción, la violencia y la penetración estatal que caracterizan a grupos como el Cartel de Sinaloa o el Tren de Aragua son síntomas de un mal mayor: la incapacidad de los Estados para comprender y anticipar la evolución de esta amenaza.
En este contexto, desarrollar una capacidad de inteligencia criminal robusta, integrada y especializada no es una opción, sino una condición indispensable para proteger la seguridad pública, la estabilidad de las naciones y, en última instancia, el derecho fundamental de los ciudadanos a vivir en paz. El tiempo de actuar es ahora.
