- Obliga Suprema Corte a aseguradora a vender seguro médico a menor con síndrome de Down, al cual se lo negó a sabiendas que era un acto discriminatorio.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- En un acto que reconcilia al derecho con la dignidad humana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió uno de los casos más simbólicos sobre el derecho a la salud y la no discriminación en México.
La historia gira en torno a una aseguradora de gastos médicos mayores que se negó rotundamente a otorgar cobertura a un menor con síndrome de Down, bajo el argumento implícito de que su condición genética lo volvía “no rentable”. Pero la justicia llegó… y en forma de unanimidad.
En la sesión pública del pleno de la SCJN correspondiente al Amparo en Revisión 155/2025, se informó que la aseguradora desistió en su recurso de revisión tras conocer que el máximo tribunal del país había decidido atraer el caso. La presión jurídica y moral surtió efecto: la empresa dio marcha atrás y aceptó emitir la póliza negada meses antes.
Ganó la justicia, perdió la discriminación
Los hechos comenzaron en 2024, cuando el representante legal del menor —nacido con trisomía 21— solicitó la contratación de una póliza de gastos médicos mayores. La respuesta fue un rotundo no. Sin más explicación que la negativa, la aseguradora pretendía cerrar la puerta del acceso a la salud a un niño cuyo único “pecado” era tener una discapacidad congénita.
El caso escaló rápidamente. Un juez de distrito concedió el amparo, ordenando a la aseguradora emitir la póliza con las condiciones solicitadas, por un periodo mínimo de un año, renovable anualmente a voluntad del asegurado. Inconforme, la empresa apeló. Pero el 23 de febrero de 2025, la SCJN decidió atraer el caso por su relevancia constitucional.
Sin embargo, el 3 de abril de 2025, la aseguradora presentó un escrito de desistimiento. Un mes después, la Corte ratificó ese desistimiento y dejó firme la sentencia favorable al menor.
Durante la sesión, no hubo debate: todos los ministros y ministras votaron por unanimidad a favor del proyecto de resolución presentado por la ministra ponente Ríos González. Lo que estuvo en juego no fue una simple póliza, sino la definición misma de justicia social en un sistema de salud mercantilizado.
¿Negocio sobre derechos?
Los ministros coincidieron en que este caso expone el choque frontal entre el interés económico de las aseguradoras privadas y los derechos constitucionales de personas con discapacidad. Bajo criterios de selección de riesgo que privilegian la rentabilidad, estas empresas han negado sistemáticamente coberturas a quienes más las necesitan.
