- Un Juez federal de Brooklyn anunció ayer que el 12 de enero se dictará la sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Un Juez federal de Brooklyn anunció ayer que el 12 de enero se dictará la sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, quien en agosto pasado aceptó declararse culpable de dos cargos que ameritan cadena perpetua.
Brian Cogan, Juez de la Corte para el Distrito Este de Nueva York, agendó repentinamente la audiencia, horas después de que Joaquín Guzmán López aceptara ante un Juez de Chicago su responsabilidad por planear y ejecutar el secuestro de “El Mayo” para entregarlo a Estados Unidos, en julio de 2024.
Guzmán López es hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien por décadas fue socio de Zambada al frente del Cartel de Sinaloa, y purga una condena vitalicia que le impuso Cogan.
El juzgador ordenó a la defensa de Zambada presentar su memorándum de sentencia a más tardar el 29 de diciembre, mientras que la Fiscalía deberá presentar una respuesta, si lo considera necesario, a más tardar el 5 de enero.
Está por verse si la audiencia efectivamente se llevará a cabo, pues en este tipo de casos, los aplazamientos para dictar sentencia son frecuentes, y en ocasiones pueden prolongarse durante años.
Pero a diferencia de “Los Chapitos” -Joaquín y su hermano Ovidio- “El Mayo” no aceptó convertirse en colaborador a disposición permanente de las autoridades de EU, por lo que es poco probable que reciba una condena menor a la prisión vitalicia.
Zambada está preso en el Centro de Detenciones de Brooklyn, pero será trasladado a otra cárcel una vez sentenciado.
El cargo de empresa criminal continua que aceptó Zambada esta incluido en la acusación de Nueva York, que abarca el periodo de 1989 hasta 2024, mientras que la acusación de violación a la Ley RICO por delincuencia organizada, fue presentado en Texas, para el periodo 2000 a 2012.
Cuando se declaró culpable, Zambada aceptó haber pagados sobornos en México durante 45 años, en los que nunca fue detenido. También aceptó un decomiso de quince mil millones de dólares que, de cubrirse, quedarían en manos del Gobierno de EU.
