Zósimo Camacho
A finales del mes pasado quedó al descubierto, con crudeza, sin atenuantes, una colosal mentira: la supuesta inocuidad del herbicida glifosato. Y se expuso como lo que es: el mayor fraude científico de la trasnacional conocida hoy como Bayer-Monsanto.
La poderosa agroindustria global se cimbró con el derrumbe de un pilar fundamental de su discurso de seguridad. Se reveló, además, una conducta criminal, impune, un fraude apuntalado por más de medio siglo. En efecto, hace casi 52 años Monsanto lanzó al mercado el glifosato y lo presentó como un producto inofensivo para la salud humana.
Sin embargo, el 28 de noviembre pasado, la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology anunció la retractación formal de un “estudio de investigación” publicado en abril de 2000 que concluía que el glifosato, el herbicida más usado del mundo, “era seguro”. La razón: “varios problemas críticos que se considera socavan la integridad académica” del texto. No se trató de un mero error metodológico. Fue la confirmación oficial de un fraude científico urdido para envenenar impunemente al mundo con tal de enriquecer a un puñado de agroindustriales.
Durante 23 años, ese documento fue uno de los textos más influyentes utilizados por la gigante Monsanto –ahora absorbida por la trasnacional alemana Bayer– para blindar su producto estrella, el Roundup. Fue el caballo de Troya con el que infiltraron en la literatura científica un mensaje de falsa seguridad. Numerosas naciones basaron sus políticas públicas de plaguicidas en una mentira pagada. Este artículo, una especie de biblia para los lobbies agroquímicos, sostenía un imperio de ganancias millonarias mientras sembraba la duda sobre las advertencias de la ciencia independiente.
La máscara se cayó por completo. Se ha demostrado que el estudio fue firmado por autores fantasma, contratados y redactados por Monsanto. Como evidenciaron los científicos Alexander A Kaurov y Naomi Oreskes en septiembre de 2025, el texto firmado por Gary M Williams, Robert Kroes e Ian C Munro fue en realidad elaborado por la corporación. Esta redacción fantasma corporativa, como señalan los investigadores, “es una forma de fraude científico. Cuando estos artículos circulan, socavan la integridad de la investigación científica y las decisiones políticas”. Es decir, no fue ciencia; fue mercadotecnia en papel académico.
Esta conducta irresponsable y criminal no es un hecho aislado. Es parte de un modus operandi revelado en los Monsanto Papers, documentos internos desclasificados que exponen las tácticas de la empresa para manipular la ciencia, desacreditar estudios adversos y cooptar a reguladores.
Decenas de investigaciones, con el rigor del método científico, demostraron que el glifosato no es seguro. Por el contrario, coloca en riesgo de padecer cáncer a quienes lo manipulan. Todas fueron objeto de campañas de desprestigio pagadas por la trasnacional en todo el mundo y fueron tachadas de “seudo ciencia” o de no contar con “evidencias concluyentes”.
Es decir, Monsanto –y luego Bayer-Monsanto– pagó por décadas para que medios y gobiernos rechazaran los numerosos estudios académicos que probaban la neurotoxicidad, genotoxicidad y carcinogenicidad del glifosato.
Mientras la empresa construía su castillo de mentiras, la evidencia independiente se acumulaba. En 2015, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como posible cancerígeno para los humanos. Estudios en México han detectado residuos de glifosato en zopilotes, codornices, palomas y mamíferos. En Argentina, se han hallado alteraciones en el desarrollo de larvas de abejas y en su flora intestinal. En humanos, la literatura científica lo vincula a irritaciones, mareos, náuseas, problemas respiratorios y aumento de presión arterial.
La verdad también se abre paso en los tribunales. En Estados Unidos se han presentado 167 mil juicios contra Bayer-Monsanto. La corporación ha pagado más de 12 mil millones de dólares en acuerdos extrajudiciales en unos 100 mil casos y aún enfrenta 67 mil pendientes. Más que estadísticas, estos números son un grito de dolor de miles de personas a las que el producto les causó cáncer. La empresa, además, ha reservado 4 mil millones de dólares para futuras indemnizaciones, aunque públicamente siga negando cualquier vínculo con el cáncer.
Frente a este desastre de salud pública y ambiental, documentado por años, la respuesta de algunos gobiernos ha sido tibia y contradictoria. Sólo Vietnam lo ha prohibido totalmente. Naciones como Francia, Bélgica y Países Bajos lo restringen en uso doméstico; Alemania e Italia lo impiden en espacios públicos. En América, Colombia y El Salvador tuvieron prohibiciones totales que luego revocaron, muestra de la enorme presión del lobby agroindustrial.
En México, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se buscó prohibirlo gradualmente. Incluso, dos decretos presidenciales establecieron que quedaría erradicado antes que concluyera el sexenio. No se logró el objetivo debido a las presiones de la agroindustria y al cambio de criterios al inicio del actual sexenio.
Este herbicida, cuyo mercado global alcanzó 6.21 mil millones de dólares en 2023, sigue siendo un pilar de ganancias, con una tasa de crecimiento anual compuesto estimada superior al 4.5 por ciento hasta 2032.
La retractación del estudio fraudulento es un punto de inflexión. Los gobiernos del mundo tienen la obligación ética y legal de revaluar de inmediato todas las autorizaciones basadas en esa “ciencia” falsa. La credibilidad del sistema regulatorio global está en juego. No se puede permitir que las decisiones de salud pública se tomen con estudios fantasma pagados por quienes venden el veneno.
El colmo del cinismo llegó apenas cuatro días después de la retractación, cuando el gobierno de Donald Trump dio un espaldarazo a Bayer. Pidió a la Corte Suprema que aceptara sus impugnaciones contra veredictos negativos. El respaldo político hizo que las acciones de Bayer se dispararan un 12 por ciento en la Bolsa de Fráncfort, su mejor jornada en 17 años. Es la alianza descarnada entre el poder político y el corporativo, dispuesta a pisotear la salud pública y la justicia para proteger las ganancias.
La retractación no es el final de la historia. Es el principio de una rendición de cuentas largamente esperada. Desnuda una de las mayores estafas científicas y de salud pública de las últimas décadas, orquestada por una corporación que priorizó sus ganancias de miles de millones sobre la vida humana y el equilibrio ecológico.
El mundo tiene ahora la evidencia incontrovertible. Durante décadas, nos dijeron que el glifosato era seguro basándose en un fraude. Es hora de que la justicia, la ciencia independiente y las políticas públicas basadas en el principio de precaución escriban el siguiente capítulo. Uno donde la vida valga más que el galón de un herbicida que cuesta entre 4 y 20 dólares, pero cuyo verdadero precio lo hemos estado pagando, con creces, en salud y biodiversidad perdidas.
Luego de este monumental fraude, que ha costado un número indeterminado de vidas humanas y ha envenenado cientos de especies de flora y fauna, ¿alguien pisará la cárcel? ¿O es que son muy poderosos estos señores para que se les pida cuentas?
