- Los casos contra menores de edad se han disparado en Quintana Roo, advierten colectivos.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- El Frente Feminista Quintana Roo informó que actualmente da acompañamiento a 50 casos activos de abuso sexual contra menores de edad, aunque esta cifra representa solo una fracción del problema real.
De acuerdo con sus estimaciones, por cada caso atendido existen al menos tres más que no llegan a las organizaciones, además de un número aún mayor que nunca se denuncia.
Las colectivas señalaron que, de cada diez delitos de este tipo que ocurren, solo uno es denunciado, y de esos casos menos del 0.10 por ciento logra judicializarse, con una proporción todavía menor en alcanzar una sentencia condenatoria.
Indicaron que parte del problema tiene raíces sociales, ya que en la mayoría de los casos los agresores son personas cercanas a los menores, como familiares o figuras de confianza.
Esto lleva a madres, padres o tutores a guardar silencio para “proteger” al agresor, incluso a costa de la integridad del niño o niña.
No obstante, subrayaron que la principal responsabilidad recae en las autoridades, debido a las fallas estructurales del sistema de justicia, entre ellas la baja tasa de judicialización, la falta de personal especializado -como paidopsicólogos y paidopsiquiatras- y la ausencia de jueces capacitados en perspectiva de infancia.
Las colectivas denunciaron que existen jueces que desconocen los protocolos de atención a menores víctimas de abuso, lo que deriva en prácticas que revictimizan a los niños, al exigirles narraciones detalladas de hechos traumáticos.
“No puedes pedir a un menor que recuerde día, fecha y hora, hay que entender el shock y el trauma de que alguien que debía protegerlo haya cometido ese acto.
“Cuando un niño dice ‘me duele, no quiero que siga, le pedí que pare’, está expresando claramente su dolor”, señaló Ariadne Song, abogada del Colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo.
A esta problemática, advirtieron, se suma un amplio margen de impunidad e incluso protección institucional a los agresores, lo que deja en el abandono tanto a las víctimas como a las familias que sí se atreven a denunciar.
Como ejemplo, expusieron un caso reciente en el que un menor de tres años y su madre se vieron obligados a refugiarse y modificar completamente sus rutinas, luego de denunciar al padre del menor.
La persona señalada fue identificada por la Fiscalía General del Estado como Carlos Anastasio “N”, presunto responsable de abuso sexual ocurrido en Playa del Carmen, quien permanece prófugo desde noviembre de 2025.
Las colectivas señalaron que, pese a que el imputado fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva, no ha sido localizado, y además promovió un amparo ante instancias federales para evitar la medida cautelar.
Acusaron también al juez del caso, Fernando León, de ignorar datos y medios de prueba relevantes, incluida una valoración realizada por profesionales del DIF que documenta alteraciones físicas funcionales en el menor, reconocidas como signos de afectación grave.
Las colectivas indicaron que el juez también exigió al menor precisar actos, fechas y lugares específicos, contraviniendo el principio de protección integral de la infancia, particularmente considerando la naturaleza de los actos y delitos involucrados.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de diciembre de 2025 en Quintana Roo se registraron mil 069 casos de abuso sexual, siete mil 404 de violencia familiar y 150 casos de corrupción de menores, lo que refleja la magnitud del problema.
