- Para los niños y niñas que nacen y dan sus primeros pasos entre muros, rejas y uniformes, la libertad es un concepto lejano; ante esto, se intenta romper el ciclo de marginación que marca a los hijos de mujeres en reclusión.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Para los niños y niñas que nacen y dan sus primeros pasos entre muros, rejas y uniformes, la libertad es un concepto lejano; ante esto, se intenta romper el ciclo de marginación que marca a los hijos de mujeres en reclusión.
Ante esto, desde la XVIII Legislatura se analiza una reforma que busca dotar de identidad y derechos básicos a la llamada “niñez invisible” de Quintana Roo.
El primer obstáculo para atender a estos menores es, precisamente, reconocer su existencia.
La falta de un censo unificado refleja el descuido: mientras la Comisión de Derechos Humanos tiene registro de ocho infantes en los centros penitenciarios, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta 12.
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“Esta brecha estadística es el rostro de un sistema que, hasta ahora, no ha garantizado ni siquiera el derecho básico a la identidad o a una cartilla de salud para quienes nacen en prisión”, se consigna en la iniciativa presentada.
Propone modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado para que el interés superior del menor deje de ser solo un concepto y discurso.
Entre los cambios más significativos se busca establecer que los menores solo podrán permanecer con sus madres hasta los tres años cumplidos.
A partir de esa edad, la ley obligará a un proceso de salida gradual y supervisado por psicólogos para evitar traumas por la separación.
Una vez fuera, el DIF deberá asegurar que el niño quede bajo el cuidado de familiares o instituciones certificadas, manteniendo siempre un régimen de visitas para proteger el vínculo con su madre.
La esencia es esta reforma apunta al artículo 20 Ter, que mandata al Gobierno del Estado a transformar la infraestructura penitenciaria y evitar que los niños y sus madres convivan con la población general.
En su lugar, se deberán habilitar áreas exclusivas de crianza que cumplan con estándares de higiene, alimentación nutritiva y espacios de juego, esenciales para el desarrollo psicomotriz en los primeros mil días de vida.
Con este marco legal, Quintana Roo busca saldar una deuda histórica con una generación que no ha cometido ningún delito, pero que enfrenta una condena social desde el nacimiento.
Con este cambio se busca, de manera general, que “la situación jurídica de la madre no sentencie el futuro del hijo”, se lee también en el documento que ya está en el análisis de las comisiones legislativas.
