- La conductora de televisión Inés Gómez Mont, quien se encuentra prófuga en Estados Unidos, fue acusada por su ex esposo, Javier Díaz Bravo, de violencia familiar.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora de televisión Inés Gómez Mont, quien se encuentra prófuga en Estados Unidos, fue acusada por su ex esposo, Javier Díaz Bravo, de violencia familiar en contra de él y de sus cuatro hijos por impedir durante 10 años la convivencia entre ellos.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Díaz Bravo no ha podido ver a sus hijos desde 2015 debido a la negativa reiterada de Gómez Mont de permitir las visitas pese a lo establecido en la sentencia de divorcio que le otorga al padre el derecho a convivir los fines de semana dos veces al mes.
En su escrito, Díaz Bravo argumentó haber sufrido una afectación psicológica por el impedimento de ver a su hijos, una niña que actualmente tiene 16 años de edad y unos trillizos que este 18 de enero cumplieron 14.
La afectación, sostuvo, también la padecen sus hijos, pues han sido privados de la convivencia con su padre, por lo que solicitó les fuera practicado un peritaje psicológico.
Gómez Mont se encuentra prófuga de la justicia desde septiembre de 2021, cuando un Juzgado de Distrito le giró una orden de aprehensión por lavado de dinero, al igual que a su actual esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quien además es acusado de delincuencia organizada y defraudación fiscal.
Según consta en registros judiciales, la ex conductora huyó del País con la niña y los trillizos el 14 de enero de 2021 en un vuelo privado que salió del aeropuerto de Toluca, Estado de México.
En octubre del año pasado trascendió la detención de Álvarez Puga por agentes migratorios estadounidenses y su internamiento en el Centro de Procesamiento Krome North, en Miami. En esta ciudad, la pareja ha tenido –entre 2017 y 2020– varias propiedades de lujo, incluida una mansión de 15.5 millones de dólares que fue propiedad de la cantante Cher.
Díaz Bravo y Gómez Mont se casaron en marzo de 2008 en Tepoztlán, Morelos, y durante el tiempo que estuvieron casados procrearon cuatro hijos, una niña y tres varones trillizos, nacidos en 2009 y 2012, respectivamente.
En septiembre de 2013 se divorciaron y, de acuerdo con la sentencia, tanto Javier como Inés conservaron la patria potestad; sin embargo, a ella le correspondió la guarda y custodia de los menores de edad mientras que para él se estableció un régimen de visitas y convivencia consistente en poder verlos cualquier día de la semana en su domicilio, previo aviso, y salir con ellos un sábado o domingo cada 15 días. Las salidas quincenales estaban previstas que se extendieran a viernes, sábado y domingo una vez que los menores cumplieran cuatro años de edad.
Díaz Bravo, quien es empresario restaurantero, se comprometió a pagar una pensión alimenticia para los menores de 100 mil pesos mensuales, una para Gómez Mont de 30 mil pesos mensuales y contratar pólizas de gastos de seguros médicos tanto para los hijos como para la madre. En ese entonces, la pensión alimenticia quedó garantizada con una entrega de un millón 560 mil pesos.
Durante poco más de un año no hubo problemas, sin embargo, a partir de 2015 la conductora comenzó a negar a los niños con diferentes pretextos, entre ellos, indisposiciones por supuestos catarros o presuntas negativas de los menores a ver a su padre.
Para esa fecha, Gómez Mont ya se encontraba en una relación con Álvarez Puga y Díaz Bravo también había iniciado un noviazgo que derivaría posteriormente en su segundo matrimonio.
De acuerdo con el testimonio del empresario, la negativa de la conductora de televisión a permitirle ver a sus hijos se debió al inicio de su nueva relación.
“Yo iba por mis hijos a su casa e incluso, veía a su actual esposo, pero en verdad no teníamos conflictos, todo parecía estar muy bien.
“Eso duró como un año. (Sin embargo) yo empiezo a salir con mi actual esposa y a la mamá de mis hijos le molesta eso, cuando se entera de que me voy a casar, es cuando se dan los problemas para ver a mis hijos”, dijo en una entrevista realizada por un perito en psicología de la Fiscalía.
Ante la negativa de Gómez Mont de permitir la convivencia con los niños, Díaz Bravo acudió en agosto de 2016 ante el Juzgado 36 de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que había emitido la sentencia de divorcio, para acusar el incumplimiento del régimen de visitas y convivencia.
Para ello aportó diversas pruebas, entre ellas un acta notorial, en la que tanto en el fraccionamiento Rancho San Francisco, donde vivía Gómez Mont, como en el Colegio Humanitree, le fue negado el acceso y la entrega de los niños por instrucciones de la conductora de televisión.
Gómez Mont también se negó a recibir las notificaciones del Juzgado y los requerimientos de la Fiscalía, en donde Díaz Bravo también la acusó de fraude procesal debido a que, a su juicio, intentó engañar a un Juzgado de lo familiar al presentar una demanda para suspender la patria potestad de Javier en un Juzgado distinto al 36 que era el que conocía del caso.
También, acusó la sustracción de los menores al conocer en 2021 de la fuga de Gómez Mont en virtud de las órdenes de aprehensión giradas contra ella y Álvarez Puga.
En la carpeta de investigación por violencia familiar existe un dictamen realizado por un perito oficial de la Fiscalía que establece que Díaz Bravo sí tiene una afectación psicológica por no poder ver a sus hijos desde 2015.
“Se aprecia en el C. Francisco Javier Díaz Bravo un impacto psicoemocional negativo por la separación de sus cuatro hijos, en donde se detectan sensaciones de tristeza, dolor emocional e impotencia por el deterioro del vínculo afectivo entre padre e hijos, como consecuencia de los hechos denunciados, en donde expone diversas acciones por parte de la C. Inés Gómez Mont Arena, madre de sus hijos, para interferir y bloquear la convivencia”, señala.
La misma carpeta contiene un dictamen en psicología, emitido por el mismo perito oficial, en el que se señala que es probable que los menores también tengan una afectación psicoemocional.
“Los menores de edad de identidad reservada mantienen una relación con su madre la C. Inés Gómez Mont Arena en donde se identifican elementos relacionados con violencia psicoemocional debido a la limitación en el contacto y el afecto hacia su padre, por lo que se da interferencia parental por parte de ésta hacia los niños, en donde se han vulnerado los derechos de los niños al no permitir el contacto con ambos progenitores”, establece.
Este dictamen se realizó con base en entrevistas de testigos del entorno de los menores aportados por Díaz Bravo debido a que Gómez Mont no ha permitido que se les practique un dictamen psicológico.
La orden para que a los menores se les realice un dictamen pericial ya fue avalada incluso por un Juez de amparo que determinó que la diligencia sí debe realizarse generando las condiciones adecuadas para evitar que los menores puedan ser revictimizados.
“Debe priorizarse el desahogo de la prueba en psicología al ser la idónea para para evaluar el impacto de la violencia en la persona menor de edad, garantizando así su interés superior”, indicó el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.
Derivado de esta resolución, en noviembre pasado, la Fiscalía capitalina emplazó a Gómez Mont, a través de una notificación entregada en el domicilio de su abogado, a la presentación de los menores para desahogar la diligencia, sin embargo, no acató el requerimiento.
