- Imparte ministra Lenia Batres la conferencia ‘Cuando la comunidad construye justicia’ donde se concluyó que el acceso a la justicia sigue siendo un derecho condicionado al bolsillo
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CUERNAVACA, MOR.- El sistema de justicia penal en México carga una cifra demoledora: de casi dos millones de carpetas de investigación que se abren cada año por presuntos delitos, apenas alrededor del 4 por ciento se judicializan. El resto se pierde en el laberinto de la impunidad.
A esa estadística se suma otra realidad menos visible pero igual de grave: en materia civil y administrativa, quien no tiene dinero para contratar un abogado difícilmente puede litigar, mientras que las defensorías públicas operan con recursos y personal insuficientes para cubrir la demanda.
Ese fue el punto de partida de la ministra Lenia Batres Guadarrama durante su visita a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde impartió la conferencia “Cuando la comunidad construye justicia”. Las cifras no solo retratan un sistema saturado; exhiben un desafío estructural: garantizar que los derechos constitucionales no sean letra muerta para la mayoría.
Batres sostuvo que la igualdad, en términos constitucionales, no significa tratar a todos por igual en abstracto, sino asegurar que todas las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos, especialmente los derechos sociales. En la Constitución —recordó— ya están reconocidos derechos como el acceso al agua, a la alimentación, a la vivienda digna, al trabajo y a un medio ambiente sano.
El problema es que muchos de ellos carecen todavía de leyes secundarias que normen su ejercicio y hagan exigible su cumplimiento. En ese vacío normativo, el papel de jueces, magistrados y ministros adquiere una dimensión crucial.
No basta con aplicar mecánicamente la ley; deben interpretar la Constitución con una perspectiva que garantice derechos, incluso cuando el legislador no ha desarrollado plenamente los mecanismos para hacerlos efectivos.
“Venimos de un Poder Judicial muy defectuoso”, afirmó la ministra, al señalar que durante años predominó una visión aislada, que entendía la función judicial como estrictamente técnica, ajena a los problemas sociales.
El reto actual, dijo, es combatir la corrupción, el anquilosamiento institucional y, sobre todo, mejorar el acceso a la justicia. Porque el acceso no es igual para todos. Una persona con recursos económicos puede contratar un despacho especializado, promover amparos y sostener litigios prolongados.
En contraste, quien depende de la defensoría pública enfrenta listas de espera, sobrecarga de trabajo y limitaciones presupuestales que reducen las posibilidades de una defensa eficaz.
La brecha se traduce en desigualdad real ante la ley. En el ámbito penal, la baja judicialización de carpetas de investigación refleja fallas en la integración de expedientes, deficiencias en la investigación y obstáculos estructurales que impiden que los casos lleguen ante un juez.
En el terreno civil y administrativo, la falta de asesoría legal adecuada puede significar la pérdida de un patrimonio, de una pensión o de un derecho laboral.
Durante su visita a Morelos, la ministra también acudió a la Casa de los Saberes Jurídicos en Cuernavaca y al Tribunal Superior de Justicia del estado, donde dialogó con integrantes del Poder Judicial federal y local, con el objetivo de abrir los llamados “Diálogos por la construcción de un Plan Nacional de Justicia”, orientados a consolidar una nueva etapa que priorice la justicia social.
En estos encuentros, coincidieron en que durante años el sistema dejó en segundo plano el derecho social y los derechos colectivos. La reciente reforma al Poder Judicial —señalaron— abre la puerta a replantear la función jurisdiccional con una visión más cercana a la ciudadanía. Sin embargo, el cambio normativo por sí solo no garantiza resultados.
El desafío para las personas juzgadoras es mayúsculo. Deben resolver conflictos concretos con base en expedientes y pruebas, pero también interpretar la Constitución en clave de derechos humanos, reduciendo las desigualdades estructurales que impiden a millones acceder a la justicia “simple y llana”. Esto implica adoptar criterios progresivos, suplir deficiencias en favor de personas en situación de vulnerabilidad y exigir al legislador el desarrollo de marcos normativos pendientes.
En un país donde la impunidad sigue siendo la regla y la defensa legal depende en gran medida del bolsillo, la tarea de quienes imparten justicia trasciende la técnica jurídica. Se trata de cerrar la brecha entre el texto constitucional y la realidad cotidiana, subrayó la ministra del pueblo.
