- La FGR solicitó a un juez federal una audiencia para imputar y vincular a proceso a un Contralmirante y cuando menos otros tres integrantes más de la Secretaría de Marina.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal una audiencia para imputar y vincular a proceso a un Contralmirante y cuando menos otros tres integrantes más de la Secretaría de Marina, por un presunto desvío de 40 millones de pesos en la compra de medicamentos y material de salud durante el sexenio pasado.
La FGR ejercitó acción penal contra el Contralmirante Manuel Cervantes Acuña; el Capitán Germán Díaz Olivier, ex director de Control Presupuestario, y José Ricardo Hernández Moncada, auxiliar de la Dirección General Adjunta de Administración de la Armada.
También procedió contra Carlos Norberto Tirado Jauri, tercer maestre de la Dirección General de Administración y responsable del seguimiento presupuestal, de acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación.
Además, contra Miguel Ramos de la Cruz, de quien no se halló ningún registro oficial como integrante de la Armada y del que no está claro si es marino o particular.
La dependencia federal judicializó desde el año pasado el caso en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, aunque se ha pospuesto en más de una ocasión la audiencia inicial porque no todos los investigados fueron notificados del citatorio.
Los delitos por los que la FGR pretende que sean vinculados a proceso son peculado, administración fraudulenta y cohecho, este último en la denominación legal del soborno.
El cohecho se imputa en la modalidad de quien dé, prometa o entregue cualquier beneficio a algún servidor público, aunque no está claro si este ilícito se atribuye contra sólo uno o varios de los investigados.
En agosto de 2024, Grupo REFORMA informó que la Inspección y Contraloría General de la Oficialía Mayor de la Marina se enteró del supuesto desvío por una denuncia del actual director General Adjunto de Administración de la Marina, quien detectó inconsistencias en el pago de cuentas por liquidar a proveedores, ya que en algunos casos no había documentación que respaldara los entregables entre enero y mayo de 2024.
El Capitán Díaz Olivier, entonces director de Control Presupuestario, presumiblemente gestionó pagos por 40 millones 546 mil pesos sin que se hubieran recibido los materiales y servicios contratados.
En la investigación penal, la FGR inició su indagatoria el 20 de agosto de 2024, es decir, durante la administración pasada, por una denuncia presentada por Alejandra Ortiz Soria, Capitán de Navío de Justicia Naval.
El personaje de mayor perfil señalado en este expediente es el Contralmirante Cervantes, quien en 2023 fue jefe de Estado Mayor de la Tercera Zona Naval en Coatzacoalcos; en 2025 fue mando en el Sector Naval de San Felipe, Baja California; y posteriormente representante de la Octava Región Naval en Acapulco.
En la presente administración federal, este es el segundo asunto penal contra integrantes de la Secretaría de Marina por presuntos actos de corrupción, y el Contralmirante Cervantes es el tercer mando de la Armada contra el que la FGR ejerce acción penal.
En agosto del año pasado, por solicitud de la Fiscalía, se ordenaron las aprehensiones de ocho marinos, entre ellos el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el Contralmirante Fernando Farías Laguna, por presuntamente dirigir una organización criminal que controlaba el huachicol fiscal en las Aduanas. El primero permanece preso en el Penal del Altiplano, mientras que su hermano se encuentra prófugo de la justicia.
