Dice Hegseth que amenazas del narco son asunto existencial para EU

Martes 11 de agosto del 2026

CDMX, la metrópoli del despojo impune Rodolfo “El Negro” Montes En esta ciudad no necesitas que un comando armado irrumpa en tu sala a mitad de la noche para perder la propiedad de tu vida. Basta con que te descuides un fin de semana, salgas a trabajar o envejezcas solo en tu propia casa. Aquí, en la capital que se presume vanguardista y garante de derechos, el despojo de vivienda no es un problema de seguridad menor: es una industria criminal multimillonaria que opera a plena luz del día, con la máquina perfectamente aceitada y la complacencia vil de las autoridades. El modus operandi ya no sorprende a nadie, pero indigna hasta la médula. Llega un grupo de choque, rompen chapas, sacan tus pertenencias a la banqueta y, cuando llamas a la policía, los uniformados protegen a los invasores. Si acudes a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a denunciar el despojo, te topas con el segundo muro: carpetas de investigación archivadas, desmantelamiento de pruebas, “pérdida” de expedientes y un laberinto burocrático diseñado deliberadamente para cansar a la víctima hasta que tire la balanza. Detrás de este saqueo sistemático no hay paracaidistas aislados ni desposeídos buscando un techo. Están los tentáculos del cartel inmobiliario, redes de notarios corruptos, jueces venales, funcionarios de las dieciséis alcaldías y agentes ministeriales que cobran su tajada. Se roban predios en la Roma, en la Condesa, en la Juárez, pero también en las colonias populares de Iztapalapa, Cuauhtémoc o Benito Juárez. Documentos falsificados en el Registro Público de la Propiedad, juicios simulados y adjudicaciones fast-track son la firma de este crimen organizado con saco y corbata. Es hora de dejar las medias tintas y llamar a las cosas por su nombre: las alcaldías otorgan los permisos de demolición sobre predios despojados con una celeridad soslayable, mientras las fiscalías operan como el brazo ejecutor del encubrimiento. La ciudadanía está atrapada en un fuego cruzado donde el Estado no es el protector, sino el socio mayoritario de la desposesión. ¿Hasta cuándo se seguirá protegiendo a esta mafia de cemento y corrupción mientras a los capitalinos los dejan en la calle?

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