- El diputado de Morena Juan Carlos Varela planteó modificar las leyes de Seguridad Nacional y General de Responsabilidades Administrativas.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la muerte de dos agentes estadounidenses que participaron en un operativo en Chihuahua, el diputado de Morena, Juan Carlos Varela, planteó castigar acuerdos con agentes extranjeros.
El legislador presentó una iniciativa que sanciona con destitución e inhabilitación a las autoridades estatales y municipales que celebren acuerdos de colaboración con agencias extranjeras sin la anuencia del Ejecutivo federal.
La propuesta, que modifica las leyes de Seguridad Nacional y General de Responsabilidades Administrativas, establece como una amenaza a la seguridad nacional la intervención de agentes extranjeros en actividades de seguridad pública sin autorización del gobierno federal.
Señala que serán amenazas a la seguridad nacional la intervención, presencia o participación de agentes extranjeros en actividades de seguridad pública, inteligencia o investigación dentro del territorio nacional sin autorización del Ejecutivo.
“Queda estrictamente prohibido a las autoridades de las entidades federativas y municipios celebrar acuerdos, convenios o cualquier forma de colaboración directa con gobiernos, agencias o corporaciones extranjeras que implique su participación operativa en territorio nacional.
“Toda cooperación internacional en materia de seguridad deberá ser autorizada, coordinada y supervisada por el Ejecutivo federal, conforme a las disposiciones aplicables”, establece.
La propuesta agrega que cometerá falta administrativa grave quien autorice, permita, facilite, gestione o tolere la participación directa o indirecta de agentes o fuerzas de seguridad extranjeras sin el conocimiento del Ejecutivo.
Así como quien celebre, promueva o ejecute acuerdos, convenios o mecanismos de colaboración con gobiernos, agencias o corporaciones extranjeras que impliquen su intervención operativa en territorio nacional.
Lo anterior, fuera de los mecanismos de coordinación establecidos por la federación y quien omita impedir dichos actos cuando tenga la obligación legal, funcional o jerárquica de hacerlo.
“La comisión de esta falta será considerada de carácter grave por implicar una afectación directa a la soberanía nacional y a la seguridad del Estado mexicano”, indica.
La iniciativa advierte que las sanciones por estas faltas administrativas graves deberán incluir necesariamente la destitución del cargo y la inhabilitación “en su grado máximo”, atendiendo la gravedad de la conducta.
De acuerdo con la exposición de motivos, a pesar de que el diseño constitucional mexicano es claro al establecer que la conducción de la política exterior corresponde de manera exclusiva al Ejecutivo federal, en la práctica subsisten zonas grises que permiten interpretaciones extensivas e incluso omisiones por parte de autoridades locales.
Sin mencionar directamente al estado de Chihuahua o a la gobernadora panista Maru Campos, indica que un acontecimiento ocurrido en el norte del país evidenció con particular claridad estas deficiencias estructurales.
“Este hecho no solo provocó tensiones institucionales entre distintos órdenes de gobierno, sino que también puso en evidencia un problema más profundo,
“La inexistencia de una prohibición constitucional expresa y de mecanismos de sanción suficientemente claros que impidan a las autoridades locales permitir o facilitar la intervención de agentes extranjeros en funciones que corresponden al Estado mexicano”, advierte.
La iniciativa sostiene que el caso no debe analizarse como un hecho aislado, sino como el síntoma de un vacío normativo que, de no atenderse, puede reproducirse en otras entidades federativas, generando un riesgo sistémico para la soberanía nacional.
Reconoce que si bien México enfrenta desde hace décadas fenómenos delictivos de alta intensidad, caracterizados por la operación de organizaciones criminales con capacidad transnacional, la necesidad de cooperación no puede traducirse en una relajación de los principios constitucionales que rigen la actuación del Estado.
“Permitir que autoridades locales establezcan de facto esquemas de colaboración operativa con agentes extranjeros sin la debida autorización federal implica no solo una vulneración al principio de soberanía, sino también una fragmentación del Estado que contraviene su diseño constitucional”, indica.
Ante ello, califica como indispensable asegurar que todas las formas de cooperación internacional en materia de seguridad se encuentren sujetas a un control centralizado que garantice su legalidad y su compatibilidad con los intereses nacionales.
“La propuesta normativa no pretende obstaculizar la cooperación internacional en materia de seguridad. Por el contrario, reconoce su importancia en un contexto global en el que los desafíos trascienden las fronteras nacionales.
“Sin embargo, parte de una premisa fundamental: la cooperación debe realizarse bajo el control del Estado mexicano, con apego a la legalidad y en pleno respeto a la soberanía nacional”, reitera.
