- Yucatán, históricamente considerado uno de los estados más seguros del país, enfrenta una realidad que cuestiona esa percepción: una serie de casos recientes de violencia de género que han cobrado la vida de mujeres.
CECILIA VERÁSTEGUI
MÉRIDA, YUCATÁN.- Yucatán, históricamente considerado uno de los estados más seguros del país, enfrenta una realidad que cuestiona esa percepción: una serie de casos recientes de violencia de género que han cobrado la vida de mujeres y puesto en evidencia la gravedad del problema.
En menos de una semana, la entidad ha registrado varios feminicidios y tentativas de feminicidio, situación que ha generado preocupación entre organizaciones civiles, colectivas feministas y organismos defensores de derechos humanos.
Ante este panorama, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) emitió un pronunciamiento en el que condenó los hechos y los calificó como una “tragedia irreparable” que refleja una problemática estructural.
La Comisión señaló que estos casos no pueden considerarse hechos aislados, sino expresiones de violencia vinculadas a factores de desigualdad, discriminación y violencia de género.
El organismo autónomo recordó que toda privación de la vida de una mujer por razones de género constituye una grave violación a los derechos humanos.
Asimismo, se sumó a los llamados de colectivas y organizaciones civiles para modificar la narrativa pública en torno a estos casos, al advertir que la violencia contra las mujeres no debe reducirse a conflictos familiares o asuntos privados, sino reconocerse como un problema estructural que requiere atención institucional.
La CODHEY también expresó preocupación por la situación de mujeres pertenecientes a grupos de atención prioritaria, entre ellos integrantes de comunidades indígenas, jóvenes y personas con discapacidad, quienes enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad y consecuencias más severas derivadas de la violencia.
A esta problemática se suma la presencia de discursos de odio, misoginia y mensajes contrarios a los derechos de las mujeres en redes sociales y espacios públicos.
De acuerdo con la Comisión, este tipo de expresiones contribuye a normalizar la violencia, desacreditar los testimonios de las víctimas y perpetuar conductas discriminatorias. En ese sentido, reiteró que ninguna mujer es responsable de las agresiones ejercidas en su contra.
La CODHEY señaló que los registros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirman la ocurrencia de estos delitos recientes, lo que obliga a las instituciones correspondientes a activar sus mecanismos de atención y protección.
No obstante, advirtió que las medidas implementadas hasta ahora resultan insuficientes para prevenir que la violencia escale hasta sus consecuencias más graves.
Por ello, dirigió un exhorto a la Fiscalía General del Estado, al Poder Judicial, a la Secretaría de las Mujeres y a las corporaciones de seguridad estatales y municipales para fortalecer sus acciones de respuesta y prevención.
Entre las medidas planteadas, destacó la necesidad de garantizar que todas las carpetas de investigación por feminicidio y tentativa de feminicidio se integren conforme a los protocolos especializados, con el fin de evitar la impunidad.
También pidió evaluar de manera urgente las políticas públicas de prevención vigentes para identificar posibles fallas institucionales y corregirlas oportunamente.
Asimismo, llamó a fortalecer las órdenes de protección y los mecanismos de alerta temprana, así como a proporcionar capacitación y recursos suficientes a las autoridades de primer contacto, particularmente policías municipales y estatales, para intervenir de manera eficaz desde los primeros indicios o denuncias de violencia.
La Comisión también solicitó garantizar atención médica, psicológica y jurídica especializada para las víctimas indirectas, con especial atención a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad tras estos crímenes.
En materia de comunicación, la CODHEY exhortó a medios de comunicación y creadores de contenido digital a ejercer una cobertura responsable y con perspectiva de derechos humanos.
El organismo pidió evitar prácticas que revictimicen, estigmaticen o promuevan el morbo, y subrayó que la cobertura informativa debe contribuir a explicar el feminicidio como un problema social de fondo y no como un hecho aislado o un espectáculo mediático.
Para la Comisión, la situación actual demuestra que los indicadores de seguridad no son suficientes si las mujeres continúan enfrentando riesgos tanto en espacios públicos como privados.
Añadió que la prevención requiere estrategias permanentes de educación, sensibilización y combate a todas las formas de violencia, incluidas la digital, vicaria, simbólica y el acoso.
Finalmente, la CODHEY sostuvo que “la paz social de Yucatán no puede construirse sobre la base de la violencia contra las mujeres” y reiteró que garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la no repetición constituye una obligación ineludible para las instituciones y la sociedad.
