- Uno de los ex colaboradores de Silvano Aureoles, sujeto a juicio de extradición en Argentina, perdió en forma definitiva la batalla legal contra la orden de aprehensión librada en su contra.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los ex colaboradores de Silvano Aureoles, sujeto a juicio de extradición en Argentina, perdió en forma definitiva la batalla legal contra la orden de aprehensión librada en su contra por un presunto desvío de 3 mil 412 millones de pesos en la construcción de estaciones de policía en Michoacán.
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México negó en última instancia el amparo contra el mandamiento de captura a Guillermo Loaiza Gómez, ex director General del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo de Michoacán.
Por unanimidad, los tres magistrados concluyeron que la orden privativa de libertad que dio lugar a su captura y proceso de extradición en Buenos Aires, no presenta violaciones de derechos fundamentales y cumple con la legalidad.
Con este fallo, ya no podrá cancelarse el proceso de extradición contra Loaiza, cuya captura trascendió apenas en febrero pasado, cuando se dio a conocer que la Fiscalía General de la República había pedido a Argentina su entrega y la de Israel Patrón Reyes, ex secretario de Seguridad Pública de Michoacán, también detenido en aquel país.
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El 27 de febrero de 2025, la Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, ordenó la aprehensión de un total de ocho ex funcionarios del Gobierno de Michoacán por el supuesto sobreprecio pagado por la construcción y arrendamiento de siete cuarteles de la Policía Estatal, entre ellos el ex ex Gobernador.
Hasta ahora ha sido detenidos Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas y Administración; J. Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad Pública; y Elizabeth Villegas Pineda y Mario Delgado Murillo, ex delegados Administrativos de la SSP de Michoacán.
Los delitos que les imputa la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR son peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Las estaciones policiacas se desarrollaron en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Los contratos fueron adjudicados en forma directa a la empresa Inmobiliaria DYF, S.A. de C.V.
