- La FGR solicitó al Congreso de Veracruz iniciar el procedimiento de declaración de procedencia contra el alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al Congreso de Veracruz iniciar el procedimiento de declaración de procedencia contra el alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, emanado de Movimiento Ciudadano.
El procedimiento sería para investigarlo por su presunta relación con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López.
La petición fue presentada ante el Poder Legislativo como parte de la carpeta de investigación que integra la Fiscalía por la desaparición de ambas personas, ocurrida en mayo de este año.
El procedimiento busca retirar la inmunidad procesal del edil para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado como cualquier otro ciudadano.
De acuerdo con la investigación ministerial, Héctor Ramos Sánchez, empresario dedicado al sector minero, y su escolta Ignacio López fueron vistos por última vez el 14 de mayo de 2026.
La Fiscalía sostiene que ambos acudieron ese día a un inmueble propiedad del alcalde, ubicado en la localidad de Barra de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, donde presuntamente se realizaría una reunión previamente acordada.
Desde entonces no se volvió a tener contacto con ellos y su paradero continúa siendo desconocido.
Entre los principales datos de prueba incluidos en la solicitud de desafuero destaca un mensaje de WhatsApp enviado por Héctor Ramos a su pareja sentimental mientras, presuntamente, se encontraba en el domicilio del presidente municipal.
En ese mensaje, el empresario habría informado que seguía “en casa de Bertín” y que el alcalde le había presentado a una persona identificada como “el jefe de plaza”, información que ahora forma parte de la investigación ministerial.
La carpeta también refiere que previamente el empresario había informado a su pareja que acudiría a una reunión convocada por el propio alcalde.
Además, la Fiscalía señala que cámaras de videovigilancia registraron la llegada del vehículo en el que viajaban el empresario y su escolta a las inmediaciones del domicilio del edil.
Como parte de los elementos técnicos, el análisis de telefonía móvil ubicaría durante varias horas en la misma zona geográfica los teléfonos celulares del alcalde, del empresario y de su escolta, información que también fue incorporada al expediente.
La solicitud de desafuero fue turnada a la Comisión Instructora del Congreso del Estado, que analizará los elementos aportados por la Fiscalía.
Conforme al procedimiento establecido en la legislación veracruzana, Bertín Bravo Montero ya fue notificado y contará con un plazo para presentar pruebas, responder a las imputaciones y ejercer plenamente su derecho de defensa.
Posteriormente, la comisión elaborará un dictamen que será sometido a votación del Pleno del Congreso, instancia que decidirá si procede retirar el fuero constitucional al alcalde.
Hasta este momento no existe una imputación formal ni una resolución judicial que determine responsabilidad penal contra el presidente municipal.
La solicitud presentada por la Fiscalía representa el inicio de un procedimiento legislativo para determinar si el alcalde puede ser investigado sin la protección constitucional que le otorga el cargo, por lo que Bertín Bravo Montero mantiene la presunción de inocencia, conforme a lo establecido por la Constitución y el debido proceso.
Se espera que en los próximos días el Congreso defina el calendario para el desahogo del procedimiento, mientras la Fiscalía podría aportar nuevos elementos sobre una investigación que mantiene la atención pública por la gravedad de los hechos y las implicaciones que tendría una eventual vinculación de un alcalde en funciones.
