- Argumentan que los mecanismos vigentes contra el acoso operan como meros manuales o lineamientos administrativos sin fuerza legal.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- La asociación Padres Aliados por la Educación hizo un llamado urgente a las cámaras de diputados locales y al Congreso de la Unión para elevar a rango de ley los protocolos de prevención y atención del acoso, agresiones y violencias en las escuelas del país.
Esto con el objetivo de otorgarles carácter vinculante, definir facultades operativas y establecer regímenes sancionatorios claros para planteles escolares públicos y particulares.
Héctor Santín Gómez, integrante de la agrupación, sostuvo que los mecanismos vigentes operan como meros manuales o lineamientos administrativos sin fuerza legal.
Esta carencia, argumentó, genera vacíos normativos que limitan la efectividad de las sanciones y dejan en la indefensión al personal docente y directivo cuando aplica medidas disciplinarias o preventivas.
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Teniendo en muchos casos que responder formalmente ante organismos defensores de derechos humanos por carecer de un respaldo legislativo explícito.
Se refirió al anuncio de las autoridades educativas de revisar la operación de las escuelas particulares de corte militarizado, derivado de investigaciones tras el fallecimiento de una alumna en un centro de esta índole en el interior del país.
La representación de padres de familia consideró erróneo enfocar las acciones regulatorias de manera exclusiva en este modelo de enseñanza.
Santín Gómez explicó que la presencia de acoso escolar, violencia física y hostigamiento no se limita a un tipo de gestión institucional, sino que responde a un fenómeno generalizado en todo el sistema educativo nacional, tanto en escuelas públicas como privadas.
En ese sentido, señaló que la oferta educativa de perfil militarizado atiende a la demanda de familias que buscan opciones con disciplina estricta para sus hijos.
Sugirió que, en lugar de eliminarlas, se regularicen sus programas mediante convenios de supervisión con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para auditar sus métodos académicos y disciplinarios.
La organización insistió en que el Poder Legislativo debe destrabar y reglamentar formalmente la Ley para la Erradicación del Acoso Escolar, de modo que se dote de sustento normativo a los comités escolares integrados por padres, docentes y alumnos, garantizando un marco de actuación parejo e institucionalizado en todas las aulas del país.
