- Llama ‘ministra del pueblo’, Lenia Batres, a privilegiar la austeridad nacional y demanda recortar seguros de gastos médicos a 300 funcionarios judiciales, entre otros privilegios.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, rechazó el incremento presupuestal planteado para el Poder Judicial de la Federación (PJF) en 2027, al considerar que contradice los esfuerzos de austeridad aplicados durante el ejercicio anterior y que aún existen áreas, prestaciones y gastos que podrían reducirse antes de solicitar mayores recursos públicos.
En un escrito fechado el 12 de agosto de 2026 y dirigido a Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial, Batres expuso los argumentos que la llevaron a votar en contra del proyecto presupuestal aprobado por el pleno de la Corte en sesión privada del 6 de agosto. De acuerdo con la ministra, la propuesta contempla solicitar 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos para el ejercicio fiscal 2027, lo que representa un aumento de 17.2 por ciento respecto del monto autorizado por la Cámara de Diputados para 2026.
Batres sostiene que el aumento resulta injustificado porque, a su juicio, la Suprema Corte logró operar durante 2026 con el presupuesto reducido aprobado por el Congreso. Bajo esa lógica, considera que antes de ampliar el gasto deben agotarse las posibilidades de ahorro dentro de la estructura administrativa y revisar partidas que, desde su perspectiva, no son indispensables para el funcionamiento sustantivo del máximo tribunal.
Entre los ejemplos mencionados se encuentran las áreas de Protocolo, Atención a Ministros y Atención a Ex Ministros. La ministra plantea que estas oficinas podrían suprimirse sin despedir a los trabajadores adscritos a ellas, mediante una reorganización administrativa que elimine únicamente el gasto relacionado con los servicios que prestan dichas áreas.
Otro de los puntos señalados por Batres es el ajuste pendiente a las pensiones de exministras y exministros. En su escrito afirma que todavía existen pagos que deberían modificarse para adecuarlos a los montos de remuneración establecidos para quienes integran actualmente la Corte. De acuerdo con sus cálculos, esta medida podría significar un ahorro superior a 54 millones de pesos por concepto de excedentes, además de otros 39 millones mediante la eliminación de una plaza asociada a esos gastos.
La ministra argumenta que el incremento solicitado para 2027 prácticamente devolvería al Poder Judicial los recursos que el Congreso redujo para 2026. Desde su perspectiva, aprobar esa ampliación haría nugatorios los esfuerzos de ajuste realizados durante el último año y enviaría una señal contraria a las obligaciones de contención del gasto establecidas en la legislación federal.
En particular, Batres cita como referentes la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Austeridad Republicana. Su postura es que el Poder Judicial, al igual que el resto de las instituciones del Estado mexicano, está obligado a ejercer los recursos públicos bajo criterios de racionalidad y austeridad, priorizando el gasto dirigido a atender necesidades de la población.
Además del aumento general del presupuesto, Batres cuestionó que durante la misma sesión se hubiera incorporado al anteproyecto la restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300 servidores públicos, principalmente mandos medios y superiores.
La ministra señala que ese beneficio ya había sido eliminado en el ejercicio presupuestal anterior y que su reincorporación no contó, según refiere en el documento, con un estudio previo que justificara la medida. La decisión, sostiene, representaría volver a destinar recursos públicos a una prestación que considera incompatible con el marco legal de austeridad.
Batres también da cuenta de los argumentos utilizados por quienes votaron a favor de restituir esos seguros. Según su escrito, se sostuvo que el artículo Décimo transitorio del decreto de reforma judicial establece que los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial deben ser respetados en su totalidad.
Sin embargo, la ministra rechaza que el seguro de gastos médicos mayores pueda considerarse un derecho laboral adquirido. Para sustentar su postura, cita el artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que prohíbe la contratación, con recursos públicos, de seguros privados de gastos médicos, seguros de vida o esquemas de separación individualizada, salvo los casos expresamente previstos por disposiciones generales, condiciones de trabajo o contratos colectivos.
A partir de esa disposición, Batres concluye que la restitución de los seguros para funcionarios de alto nivel no constituye el reconocimiento de un derecho laboral, sino la recuperación de una práctica que, desde su interpretación, está expresamente restringida por la ley.
Por esa razón, explica, no sólo votó contra el presupuesto en su conjunto, sino también contra la restitución específica de los seguros de gastos médicos mayores.
Pide retirar prestaciones de su propia ponencia
Después de la votación, Batres solicitó que también se suprimieran los montos asignados a su propia ponencia por concepto de seguro de separación individualizada y seguro de gastos médicos mayores.
La petición comprende a 95 personas adscritas a su equipo, incluida ella misma. En el escrito, la ministra asegura que ni ella ni el personal de su ponencia han recibido esos seguros desde su ingreso a la Suprema Corte.
El planteamiento busca, según expone, mantener congruencia entre su voto en contra de dichas prestaciones y el ejercicio presupuestal correspondiente a su oficina. De esta manera, Batres traslada su rechazo al plano administrativo y solicita que los recursos vinculados a esos beneficios no sean incluidos en la asignación de su ponencia.
Señala que ISSSTE ya brinda cobertura
En su comunicación al presidente del Órgano de Administración Judicial, la ministra insiste en que no existe justificación para financiar seguros privados de gastos médicos con dinero público para mandos medios y superiores.
Batres recuerda que el Poder Judicial ya cubre las cuotas correspondientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para esos funcionarios, por lo que considera innecesario añadir una póliza privada financiada por el erario.
Su argumento es que, si algún servidor público desea contar con una cobertura médica adicional, puede contratarla con sus propios ingresos, especialmente cuando se trata de personas ubicadas en niveles salariales superiores.
En ese sentido, solicita directamente al Órgano de Administración Judicial que suprima esas prestaciones y sostiene que ya habían sido eliminadas en ejercicios presupuestales anteriores.
