- Después de años de litigios, gestiones y reclamos, el conflicto por las tierras utilizadas para la infraestructura carretera en Dziuché está cerca de llegar a su desenlace.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. ROO.- Después de años de litigios, gestiones y reclamos, el conflicto por las tierras utilizadas para la infraestructura carretera en Dziuché está cerca de llegar a su desenlace.
La gobernadora Mara Lezama informó que el Gobierno Federal autorizó siete millones 139 mil pesos para cubrir la indemnización pendiente al núcleo ejidal de esta comunidad del municipio de José María Morelos.
El anuncio representa un paso decisivo para las familias campesinas que durante años reclamaron el pago por la ocupación de sus tierras para el derecho de vía de la carretera federal 184, una demanda que llegó incluso a provocar bloqueos carreteros ante la falta de respuesta de las autoridades.
Mara Lezama señaló que la gestión ante la Federación permitió destrabar los recursos y dar cumplimiento a los acuerdos establecidos con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del titular de la dependencia, Jesús Esteva Medina, así como las gestiones realizadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Con el diálogo, el acuerdo y el trabajo coordinado hemos logrado que estas familias tengan tranquilidad”, sostuvo la gobernadora al destacar que el pago permitirá cerrar un expediente que durante décadas permaneció pendiente.
El caso no es nuevo; la inconformidad de los ejidatarios se hizo visible públicamente en junio de 2024, cuando habitantes de Dziuché bloquearon durante varias horas la carretera federal 184, en demanda de que se cumpliera con la indemnización por las tierras utilizadas para la modernización de la vía.
En aquella ocasión, los ejidatarios denunciaron que el pago había sido autorizado desde 2022, pero que los recursos no habían sido entregados.
El bloqueo provocó afectaciones a la circulación entre Quintana Roo y Yucatán y obligó a la intervención del Gobierno del Estado para instalar una mesa de diálogo.
El reclamo tenía además un antecedente jurídico. Reportes sobre el proceso señalan que el Tribunal Unitario Agrario determinó la obligación de cubrir una indemnización derivada de la afectación a terrenos ejidales.
En 2024 se hablaba de alrededor de 375 ejidatarios involucrados y de una superficie afectada de aproximadamente 16 hectáreas por la modernización carretera.
El monto ha cambiado durante el largo proceso administrativo y jurídico. En una etapa anterior se había planteado una compensación de apenas 96 mil pesos, cifra que fue cuestionada por los campesinos.
Posteriormente, nuevas valuaciones llevaron el monto hasta poco más de siete millones de pesos.
Para abril de este año, el expediente se encontraba en su etapa final. El comisariado ejidal informó entonces que se realizaba un nuevo avalúo sobre una superficie cercana a 35 hectáreas y que la asamblea había aceptado avanzar con el procedimiento para concretar el pago.
Para Dziuché, el conflicto no se reduce a una cantidad económica; la disputa refleja uno de los problemas recurrentes en las comunidades rurales: la ocupación de tierras ejidales para construir infraestructura pública sin que los procesos de indemnización concluyan oportunamente.
El caso también pone de relieve la importancia de la propiedad social en Quintana Roo. Dziuché es una comunidad de la Zona Maya de José María Morelos y su ejido fue dotado de tierras mediante decreto presidencial en 1936.
Organizaciones que han acompañado jurídicamente a la comunidad han documentado otros conflictos relacionados con la defensa de su territorio y sus derechos agrarios.
El pago anunciado ahora por la administración estatal y la Federación representa, por ello, algo más que el cierre de un expediente administrativo: para los ejidatarios significa que una demanda que pasó de una generación a otra finalmente puede convertirse en una obligación cumplida.
El siguiente paso será concretar la liberación y entrega efectiva de los recursos al núcleo agrario, de acuerdo con los procedimientos correspondientes.
La experiencia de Dziuché deja también una lección para futuros proyectos de infraestructura en Quintana Roo: el desarrollo de carreteras y otras obras públicas no puede desvincularse del respeto a los derechos de las comunidades propietarias de las tierras.
