- Un Juzgado de Distrito concedió la suspensión provisional contra la licencia de construcción y el uso de suelo otorgados por el Ayuntamiento de Progreso. La resolución ordena detener las obras y contempla mecanismos de consulta ambiental para los habitantes de Chuburná Puerto.
MAR Y SOL CHABLÉ
CHUBURNÁ PUERTO, YUC.- El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán concedió la suspensión provisional contra el megaproyecto turístico e inmobiliario “Las Dunas”, con lo que se detienen de manera inmediata los efectos de la licencia de construcción y la factibilidad de uso de suelo emitidas para el complejo en esta comisaría del municipio de Progreso.
La decisión judicial responde a la demanda de amparo interpuesta por vecinos de Chuburná Puerto, respaldados por la organización Kanan Derechos Humanos y la Colectiva Salvemos las Dunas. La resolución no solo ordena frenar las obras en el predio, sino que también contempla la aplicación de mecanismos de participación pública para garantizar una consulta ambiental formal en la comunidad, con base en directrices del Acuerdo de Escazú.
El desarrollo “Las Dunas” contempla una superficie de más de 92 mil metros cuadrados, dividida por la carretera Yucalpetén-Chuburná. Su historial administrativo muestra un crecimiento progresivo que generó preocupación entre habitantes y organizaciones locales.
En septiembre de 2023 se presentó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) inicial para la construcción de seis torres con 74 departamentos. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó dicha solicitud a finales de ese año.
Para diciembre de 2024, el proyecto reapareció con una escala mayor: 14 torres, 138 departamentos, áreas comerciales y amenidades con capacidad para albergar a más de 500 personas. Pese a la controversia y a las alertas ambientales sobre la fragilidad del sistema de dunas, el Ayuntamiento de Progreso otorgó los permisos de uso de suelo y construcción.
Un antecedente que fortaleció el recurso de amparo ocurrió en julio, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección física en la zona. Los verificadores documentaron el desmonte y la remoción total de la cobertura vegetal en 1.3 hectáreas, equivalentes a 13 mil metros cuadrados.
En la mitad de ese terreno desmontado, la autoridad ambiental encontró flora y fauna que, según el reporte de inspección, no habían sido contempladas en la documentación presentada por la empresa promotora. Entre ellas se identificaron especies vegetales protegidas, ejemplares de algodón silvestre y de la biznaga pol tsakam, también conocida como cabeza de gato, catalogada en peligro de extinción.
Asimismo, se reportó el desplazamiento de fauna, entre ella iguanas rayadas, matracas yucatecas y colibríes tijereta.
Ante la alteración del ecosistema de dunas y el riesgo de daños irreversibles, la Profepa decretó la clausura temporal total del predio a inicios de agosto y abrió un expediente administrativo sancionador.
Pese a la clausura federal, integrantes de la comunidad buscaron una protección adicional mediante un amparo indirecto contra las licencias concedidas por la autoridad municipal. Los promoventes argumentaron una presunta violación al derecho a un medio ambiente sano, así como la omisión del derecho a la consulta ciudadana en decisiones territoriales con impacto ecológico.
El fallo del juez federal condicionó el mantenimiento de la medida cautelar al depósito de una garantía de 50 mil pesos, la cual fue cubierta por los promoventes, y ordenó al Ayuntamiento acatar la suspensión sin dilación.
“Es una obligación irrenunciable de las autoridades velar por los procesos de participación ambiental. Estaremos vigilantes del pleno acatamiento de las medidas por parte del Ayuntamiento”, señalaron voceros del movimiento civil.
El juicio de amparo continuará su cauce para determinar si las licencias municipales deben revocarse de manera definitiva, en un proceso que podría tener implicaciones para la defensa comunitaria de la franja costera de Yucatán.
