- Con un foco prioritario en la vulnerable Península de Yucatán, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente coordina un operativo interinstitucional para frenar la devastación inmobiliaria, la ocupación ilegal de playas y la alteración de ecosistemas clave.
MAR Y SOL CHABLÉ
MÉRIDA, YUC.- La presión del desarrollo turístico desmedido, la especulación inmobiliaria y la ocupación irregular han puesto en jaque la riqueza biológica de las costas mexicanas. Ante esta problemática, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició un despliegue operativo de inspección y vigilancia marina y terrestre en las representaciones de los 17 estados del país que cuentan con frente marítimo.
El dispositivo especial centra gran parte de su capacidad operativa en la Península de Yucatán —Yucatán, Quintana Roo y Campeche—, territorio considerado crítico por el crecimiento acelerado de proyectos de infraestructura y el delicado equilibrio de sus humedales, manglares y dunas costeras.
El objetivo central del multioperativo es verificar en campo el cumplimiento de la legislación y la normatividad ambiental vigente. Para ello, los inspectores federales realizan revisiones en predios privados, proyectos de infraestructura y desarrollos inmobiliarios ubicados en una amplia variedad de ecosistemas, entre ellos áreas forestales, selvas bajas y medianas y zonas áridas, así como cuerpos de agua continentales y de transición, como humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados de manera directa o indirecta con el mar.
Las revisiones se enfocan en comprobar que las obras en curso cuenten con las autorizaciones en materia de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Un eje prioritario del operativo es la fiscalización de los bienes de dominio público de la Nación. La Profepa inspecciona de manera puntual la legal ocupación, el uso, aprovechamiento y explotación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y de los Terrenos Ganados al Mar (TGM).
En los litorales de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, la intervención cobra mayor urgencia. El avance desordenado de desarrollos residenciales, complejos marinos y resorts turísticos ha impactado franjas enteras de vegetación de duna costera y ecosistemas de manglar.
En zonas prioritarias de la Península —como las Áreas Naturales Protegidas de Ría Celestún y Ría Lagartos, así como el corredor Riviera Maya—, las brigadas inspeccionan cambios de uso de suelo no autorizados, remoción de mangle con maquinaria pesada y rellenos de humedales para cimentación.
Aquellos predios u obras que incurren en faltas graves son sujetos a medidas de seguridad inmediatas, como el aseguramiento de maquinaria y la colocación de sellos de clausura total temporal.
Dada la complejidad del territorio y la resistencia que suele encontrarse en desarrollos irregulares, la Profepa no actúa en solitario. El multioperativo se ejecuta en estrecha coordinación y con el respaldo logístico de las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales.
