- Familiares de desaparecidos en Michoacán, Veracruz y Colima bloquearon ayer los accesos de la sede de la Fiscalía General de la República, en la CDMX.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de desaparecidos en Michoacán, Veracruz y Colima bloquearon ayer los accesos de la sede de la Fiscalía General de la República (FGR), en la CDMX, para exigir la autonomía de los órganos de procuración de justicia y denunciar la parálisis en las investigaciones de sus casos.
Entre las demandas destacan también la atención inmediata de funcionarios federales, empezando por la Fiscal Ernestina Godoy; el avance en las indagatorias y el cese de los actos de intimidación y revictimización que acusan, son ejercidos por servidores públicos de la dependencia.
También reprocharon la omisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para entablar un diálogo resolutivo y proteger a las víctimas, luego de que la institución les envío a psicólogos para atenderlos.
Durante la protesta, Margarita López, fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C., acusó al coordinador Ejecutivo de la Fiscalía, Ricardo Flores, de intentar quitarles por la fuerza los celulares a 10 mujeres que formalizarían denuncias del fuero federal, a fin de evitar que documentaran los malos tratos y la negativa de atención institucional.
“Las señoras no saben cómo defenderse, por eso estuvieron grabando todas las amenazas de ustedes y me las mandaban por audio. Las tengo grabadas y las voy a exhibir todas”, amagó la activista ante el personal de la dependencia.
“Pónganse a hacer su chamba. Quiero traigan a las autoridades competentes, a la representación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que dé contención a las familias, y a la CNDH, que no sirve para nada”.
López advirtió que mantendrán el bloqueo de manera indefinida en el inmueble ubicado en la Colonia Renacimiento, en la Alcaldía Cuauhtémoc, y adelantó que otro contingente se movilizará hacia las oficinas centrales de la FGR en Santa Fe.
Aseguró que tienen un oficio emitido por la Visitaduría General, que obliga a las sedes federales de la FGR a recibir denuncias de víctimas de cualquier entidad del País, trámite que reprochó, sistemáticamente les ha sido negado.
