- Reúnen a las 36 sedes de las Casas de los Saberes Jurídicos en el país para revisar estrategias de vinculación ciudadana, difusión del conocimiento judicial y atención en territorio.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reunió a las directoras y directores de sus 36 Casas de los Saberes Jurídicos para revisar estrategias de vinculación ciudadana, difusión del conocimiento judicial y atención en territorio.
El encuentro ocurre en un contexto en el que el Poder Judicial enfrenta el reto de explicar sus decisiones y servicios a una población que, con frecuencia, percibe el lenguaje jurídico como distante y difícil de comprender.
Durante la reunión, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó que la comunicación institucional debe abandonar los tecnicismos innecesarios y privilegiar mensajes breves, claros y, cuando sea posible, traducidos a lenguas indígenas.
“Hoy queremos que se diga lo más sencillo, en menos hojas, y si es posible, en lengua indígena”, afirmó Aguilar Ortiz, quien también sostuvo que las instituciones deben justificar su existencia por los beneficios que generan para la población, y no únicamente por su estructura formal.
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El presidente de la SCJN señaló además que el país requiere una concepción de la justicia vinculada con sus propias condiciones sociales y culturales.
A su juicio, esto implica modificar metodologías, ampliar el diálogo y evitar la adopción automática de modelos jurídicos provenientes de otros contextos.
Las Casas de los Saberes Jurídicos funcionan como espacios de capacitación, consulta, divulgación y encuentro con comunidades, universidades, organizaciones civiles, autoridades locales y operadores del sistema de justicia.
De acuerdo con Beatriz Casas Arellanes, directora general de estas sedes, la administración anterior atendió a 232 mil 437 personas, mientras que en lo que va de 2026 se han registrado 274 mil 192 participantes en actividades propias y 634 mil 716 asistentes en eventos organizados junto con otras instituciones.
Las cifras fueron presentadas por la SCJN, aunque no se detalló el periodo exacto de comparación, la distribución por entidad federativa ni el tipo de actividades contabilizadas.
Los datos serán relevantes para evaluar si el aumento de participación se traduce en un mayor acceso efectivo a orientación jurídica y no sólo en asistencia a eventos de difusión.
Durante el encuentro también se abordaron medidas de austeridad, la ampliación de actividades fuera de las sedes y la necesidad de mantener la calidad de los servicios.
La agenda incluyó un diálogo sobre asuntos administrativos y de operación, además de cuatro paneles sobre los principales desafíos de las Casas en sus comunidades.
Los trabajos se organizaron en cuatro ejes: formación académica, vinculación social, gestión de acervos y difusión de la cultura jurídica con herramientas y formatos más accesibles.
José Hernández Hernández, secretario general de la Presidencia de la SCJN, explicó que estas sedes mantienen contacto cotidiano con poderes judiciales locales, autoridades comunitarias, organizaciones civiles, universidades y juzgadores federales.
El objetivo, precisó, es avanzar hacia un modelo con mayor presencia en campo e incorporar a sectores que históricamente han tenido menos acceso a los servicios de orientación y formación jurídica.
El reto para la Suprema Corte será convertir estos lineamientos en resultados verificables: mayor cobertura territorial, atención en lenguas indígenas, información comprensible y mecanismos que permitan medir si las actividades de las Casas contribuyen efectivamente a que más personas conozcan y ejerzan sus derechos.
