- La revisión de la Cuenta Pública 2025 en Veracruz arrojó un probable daño patrimonial por dos mil 756 millones 231 mil 698 pesos, de acuerdo con los resultados de la fiscalización superior.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- La revisión de la Cuenta Pública 2025 en Veracruz arrojó un probable daño patrimonial por dos mil 756 millones 231 mil 698 pesos, de acuerdo con los resultados de la fiscalización superior.
Fueron entregados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) al Congreso local.
La auditora general del Orfis, Delia González Cobos, entregó a la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXVII Legislatura los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo correspondientes al ejercicio fiscal 2025, en cumplimiento de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.
La mayor parte de los recursos observados se concentra en los gobiernos municipales.
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De los 212 ayuntamientos de Veracruz, 181 presentan irregularidades que hacen presumir un daño patrimonial por dos mil 709 millones 874 mil 572 pesos, cantidad que representa prácticamente la totalidad del monto global detectado durante la fiscalización.
A esta cifra se suman 14 entidades paramunicipales, donde fueron detectadas observaciones por 42 millones 156 mil 725 pesos, mientras que 17 entes estatales acumulan un probable daño patrimonial por cuatro millones 200 mil 401 pesos.
Otros 63 entes estatales registraron inconsistencias de carácter administrativo.
Los resultados derivan de diferentes procedimientos de fiscalización realizados por el Orfis, entre ellos auditorías financiera-presupuestales, técnicas a la obra pública, de desempeño, legalidad y orden social, así como revisiones en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.
En total fueron realizadas mil 660 auditorías, revisiones y evaluaciones y se emitieron dos mil 431 observaciones relacionadas con probable daño patrimonial; de éstas, dos mil 375 corresponden a ayuntamientos, 35 a entidades paramunicipales y 21 a entes estatales.
La revisión adquiere particular relevancia porque la Cuenta Pública 2025 corresponde al último año de las administraciones municipales del periodo 2022-2025.
Una parte sustancial de las observaciones recae sobre el ejercicio de recursos realizado por los ayuntamientos que concluyeron funciones al finalizar el año pasado.
Sin embargo, los montos señalados por el órgano fiscalizador no significan que los recursos hayan sido definitivamente desviados ni constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad administrativa o penal.
Los entes fiscalizados deberán atender los procedimientos previstos en la legislación y, en los casos correspondientes, presentar documentación para aclarar las inconsistencias detectadas.
El desglose de los informes ya comienza a mostrar diferencias importantes entre municipios y regiones.
En la zona Córdoba-Orizaba y Altas Montañas, por ejemplo, 22 municipios concentran observaciones por más de 435.6 millones de pesos, relacionadas con aspectos financieros, presupuestales y de obra pública.
Entre las irregularidades identificadas en distintos expedientes municipales aparecen recursos pendientes de comprobar, diferencias contables, pagos sin documentación suficiente.
También la aplicación de recursos en conceptos no autorizados y observaciones relacionadas con obras públicas, aunque la situación y monto deben analizarse individualmente para cada ayuntamiento.
La siguiente etapa corresponderá al Congreso del Estado. La Comisión Permanente de Vigilancia deberá analizar los informes entregados por el Orfis y elaborar el dictamen con los resultados pormenorizados de la fiscalización.
De acuerdo con el calendario legal informado por el Poder Legislativo, el dictamen deberá ser sometido al Pleno de la LXVII Legislatura a más tardar el último día de octubre.
Las observaciones, recomendaciones y demás acciones promovidas por el Orfis continuarán su trámite conforme a las disposiciones aplicables.
