La izquierda frente al nuevo mapa político de América Latina

José Réyez

Un informe de la Fundación Sherman Kent analiza la izquierda como espacio político heterogéneo, que va desde gobiernos y partidos electorales hasta movimientos sociales, organizaciones indígenas, corrientes revolucionarias y grupos armados que reivindican una tradición marxista, guevarista, maoísta o de liberación nacional.

El punto central sería evitar meter a todos esos actores en el mismo saco. El propio informe distingue entre la izquierda progresista y la izquierda autoritaria, pero deja abierta una pregunta importante: ¿qué ocurre con la izquierda que no está en el gobierno y con las expresiones que continúan considerando legítima la lucha armada?

Por décadas, la izquierda latinoamericana encontró en la desigualdad, la exclusión social, la dependencia económica y la intervención extranjera los argumentos para disputar el poder. Algunas corrientes lo hicieron mediante elecciones; otras, mediante movimientos sociales y organizaciones populares; y otras optaron por las armas. En 2026, esas tres tradiciones sobreviven, pero ya no forman un bloque político homogéneo.

En ese contexto, México ocupa una posición particularmente relevante. La administración de Claudia Sheinbaum aparece en el informe como parte del campo de gobiernos de izquierda, pero, al mismo tiempo, sometido a una relación compleja con Washington por migración, comercio, seguridad y crimen organizado.

En ese sentido, la izquierda mexicana enfrenta tres desafíos simultáneos.

Primero: preservar su identidad política sin quedar atrapada en la defensa automática de otros gobiernos de izquierda. Segundo: enfrentar al crimen organizado sin reproducir políticas que deterioren los contrapesos democráticos. Tercero: mantener la soberanía nacional frente a las presiones estadunidenses sin convertir la soberanía en argumento para evitar la rendición de cuentas.

El análisis permite desarrollar una segunda pieza mucho más enfocada en México, examinando específicamente Morena, la izquierda social, el EZLN, organizaciones indígenas y de autodefensa, los antecedentes guerrilleros mexicanos (EPR/ERPI/EVRP), y la frontera entre insurgencia política y crimen organizado.

El país mantiene uno de los principales gobiernos identificados con la izquierda en el actual mapa latinoamericano. Pero no significa que hayan desaparecido las expresiones radicales, indígenas o antisistema.

El caso más conocido es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que históricamente combinó reivindicaciones indígenas, anticapitalistas y de autonomía territorial.

Sin embargo, sería incorrecto colocar automáticamente al EZLN dentro de la misma categoría que el ELN colombiano o las disidencias de las FARC. Son fenómenos históricos, políticos y militares distintos.

En México también existen organizaciones comunitarias y grupos de autodefensa que enfrentan a organizaciones criminales. La diferencia entre autodefensa comunitaria, insurgencia política y organización criminal resulta fundamental.

La ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) documentó durante 2026 un incremento de ataques de grupos criminales contra comunidades indígenas de Guerrero y Michoacán, así como enfrentamientos relacionados con grupos de autodefensa y organizaciones criminales.

Aquí surge uno de los problemas más delicados para el Estado mexicano: Una comunidad que se arma para defender su territorio no necesariamente se convierte en una guerrilla; pero tampoco puede asumirse automáticamente que todas las estructuras armadas comunitarias son políticamente neutrales.

La clasificación exige estudiar su origen, objetivos, fuentes de financiamiento, estructura de mando, relación con las comunidades y comportamiento frente al Estado.

El nuevo mapa político latinoamericano

El nuevo mapa político latinoamericano descrito por el informe El reordenamiento político de América Latina y el Caribe de la Fundación Sherman Kent muestra un desplazamiento evidente hacia gobiernos conservadores y de derecha.

El documento identifica victorias de fuerzas de derecha en Costa Rica, Perú y Colombia, después de los cambios registrados durante 2025 en Ecuador, Bolivia, Honduras y Chile.

La conclusión de la Fundación es que América Latina atraviesa un reordenamiento profundo y que la seguridad, la soberanía y el alineamiento geopolítico están sustituyendo progresivamente a la vieja división izquierda-derecha como ejes centrales del debate.

Pero ese diagnóstico resulta incompleto si la izquierda se observa únicamente desde los palacios presidenciales. Porque la izquierda latinoamericana no desapareció con las derrotas electorales. Se transformó.

Una parte continúa gobernando. Otra permanece como oposición electoral. Otra se refugia en sindicatos, organizaciones campesinas, movimientos indígenas, colectivos sociales y estructuras territoriales.

Y existe todavía una izquierda armada, mucho más reducida que durante la Guerra Fría, pero capaz de ejercer violencia y disputar territorios en algunos países. El resultado es una izquierda fragmentada, con estrategias y objetivos diferentes y, en algunos casos, contradictorios.

La izquierda institucional, la que aceptó las reglas electorales

México, Brasil y Uruguay representan actualmente algunas de las principales expresiones de la izquierda o centroizquierda electoral en la región, aunque sus modelos políticos son distintos.

México, bajo Claudia Sheinbaum; Brasil, bajo Luiz Inácio Lula da Silva; y Uruguay, bajo Yamandú Orsi, no constituyen un bloque ideológico uniforme.

El propio informe de la Fundación Sherman Kent coloca a México dentro del espacio de la izquierda, pero simultáneamente identifica a la administración mexicana como parte de un polo soberanista que no coincide necesariamente con el progresismo globalista de otros gobiernos. Esta distinción es importante.

La izquierda latinoamericana contemporánea no puede explicarse simplemente mediante la vieja fórmula socialista contra capitalista. En determinados asuntos –soberanía, relación con Estados Unidos, migración, seguridad o recursos estratégicos– pueden coincidir posiciones de izquierda y derecha nacionalista que, en materia económica y social, permanecen profundamente enfrentadas.

El informe identifica precisamente esa convergencia: la izquierda “autoritaria” de Venezuela, Cuba y Nicaragua comparte el polo soberanista con sectores de la nueva derecha nacionalista, aunque por razones ideológicas distintas. Ahí aparece una de las grandes paradojas de la política latinoamericana actual. La izquierda ya no es necesariamente sinónimo de internacionalismo.

En determinados gobiernos y movimientos, la defensa de la soberanía nacional, la oposición a Washington y la crítica al orden liberal internacional tienen más peso que la tradicional solidaridad entre proyectos progresistas.

El segundo componente es radicalmente distinto: los gobiernos que conservan una identidad de izquierda mientras restringen la competencia política. Venezuela, Cuba y Nicaragua son colocados por el informe dentro de esta categoría. El documento señala que esos regímenes combinan control político y considera que constituyen una expresión del deterioro democrático regional.

Aquí aparece una discusión que divide incluso a la propia izquierda latinoamericana. Para una parte de la izquierda internacional, Cuba, Nicaragua y Venezuela continúan representando procesos de resistencia frente a Estados Unidos y frente a estructuras económicas consideradas dependientes.

Para otra parte, esos mismos gobiernos dejaron de representar una alternativa democrática de izquierda y se convirtieron en sistemas políticos cerrados. La discusión afecta directamente la credibilidad de las izquierdas democráticas de otros países.

Cuando un gobierno progresista latinoamericano mantiene relaciones estrechas con un régimen cuestionado por organizaciones internacionales de derechos humanos, sus adversarios suelen utilizar esa relación para acusarlo de tolerar el autoritarismo.

Al mismo tiempo, desde sectores de izquierda se argumenta que las críticas a esos gobiernos no pueden analizarse sin considerar las sanciones económicas, las presiones estadounidenses y la historia de intervención extranjera en la región.

La tensión entre ambas posiciones es uno de los debates políticos más importantes de la izquierda latinoamericana contemporánea.

El caso venezolano ocupa un lugar excepcional. El informe considera la intervención estadounidense contra el gobierno de Nicolás Maduro como el acontecimiento geopolítico que reorganiza el hemisferio y advierte que el precedente afecta directamente a Cuba y Nicaragua.

Más allá de la valoración que cada corriente política haga de Maduro, el hecho relevante para la izquierda latinoamericana es otro: la utilización de la fuerza militar estadounidense modifica el cálculo estratégico de todos los gobiernos y movimientos que consideran a Washington una amenaza.

Esto puede fortalecer políticamente a sectores que sostienen que la soberanía nacional se encuentra bajo presión externa. Pero también puede producir el efecto contrario: alimentar una nueva generación de debates dentro de la izquierda sobre los límites entre soberanía, democracia y derechos humanos.

La experiencia venezolana puede convertirse así en un argumento utilizado simultáneamente por dos izquierdas diferentes: una que reivindica la resistencia antiimperialista y otra que sostiene que la defensa de la soberanía no puede justificar la concentración indefinida del poder.

La guerrilla: el último vestigio de la izquierda revolucionaria

Si los gobiernos representan la izquierda institucional, la guerrilla constituye la expresión más antigua de la izquierda revolucionaria latinoamericana. Pero hay una diferencia fundamental respecto de las décadas de 1960, 1970 y 1980.

La guerrilla dejó de ser un fenómeno continental. El caso colombiano demuestra esa transformación. Las FARC firmaron el acuerdo de paz de 2016 y una parte importante de sus antiguos combatientes se incorporó a la política legal. Sin embargo, distintas estructuras disidentes continuaron operando.

En 2026, el problema ya no puede describirse simplemente como una guerra entre el Estado y una guerrilla ideológica.

La ACLED, organización sin fines de lucro que recopila, analiza y mapea en tiempo real datos sobre violencia política, protestas y conflictos en todo el mundo, documentó enfrentamientos entre facciones disidentes de las antiguas FARC por el control de rutas del narcotráfico, mientras el ELN continúa siendo un actor armado relevante.

Ese dato transforma la naturaleza del fenómeno. La pregunta ya no es solamente si esas organizaciones continúan siendo revolucionarias. La pregunta es hasta qué punto las estructuras que nacieron de una tradición política insurgente se han transformado en organizaciones híbridas, en las que conviven discurso político, control territorial, economías ilegales y capacidad militar.

Esto dificulta enormemente clasificarlas dentro de la vieja categoría de “guerrilla”. El riesgo consiste en cometer dos errores opuestos. El primero sería considerar que toda organización armada de origen izquierdista continúa siendo una guerrilla revolucionaria en el sentido clásico. El segundo sería afirmar que toda estructura insurgente dejó de tener motivaciones políticas y se convirtió exclusivamente en una organización criminal.

La realidad colombiana muestra que las fronteras pueden ser mucho más complejas. Las antiguas organizaciones revolucionarias dependían principalmente de estructuras políticas, redes clandestinas, apoyo social y financiamiento derivado de secuestros, extorsiones u otras actividades.

Actualmente, varias organizaciones armadas operan dentro de territorios donde las economías ilegales —cocaína, minería ilegal, contrabando y extorsión— tienen un peso considerable.

ACLED reportó en 2026 enfrentamientos entre facciones disidentes de las FARC por rutas de narcotráfico en territorios colombianos. Eso permite plantear una hipótesis importante: El principal peligro para la supervivencia de la guerrilla tradicional no es solamente la acción militar del Estado, sino su transformación en una estructura donde la ideología deja de ser el principal elemento organizador.

Cuando una organización armada obtiene sus recursos de economías ilegales, puede sobrevivir incluso después de desaparecer la causa política que originalmente la creó. La violencia deja entonces de necesitar una revolución para reproducirse.

La izquierda social que no gobierna

Entre los partidos electorales y las organizaciones armadas existe un espacio mucho más amplio: sindicatos, movimientos campesinos, organizaciones indígenas, colectivos estudiantiles, movimientos feministas, organizaciones ambientales y plataformas anticapitalistas.

Este sector puede adquirir mayor importancia precisamente cuando la izquierda pierde gobiernos. La experiencia latinoamericana demuestra que una derrota electoral no necesariamente elimina la capacidad de movilización de la izquierda. Por el contrario, puede trasladar la confrontación desde las instituciones hacia las calles.

El informe identifica como factores estructurales el descrédito de los partidos, la polarización y el malestar social. El apoyo a la democracia, según los datos que utiliza el documento, ha descendido a niveles bajos y la desconfianza hacia los partidos alcanza niveles muy elevados.

Esto afecta tanto a la izquierda como a la derecha. La diferencia es que las organizaciones sociales de izquierda cuentan históricamente con redes de movilización capaces de sobrevivir a los ciclos electorales.

La derrota electoral puede ser el comienzo de otra etapa. El desplazamiento de la izquierda de varios gobiernos latinoamericanos no significa necesariamente el fin de su ciclo político.

El informe observa que el giro conservador convive con gobiernos de minoría, polarización, problemas fiscales y expectativas sociales elevadas. Esto abre una posibilidad política distinta: el péndulo puede volver a moverse. No se trata de predecir hacia dónde lo hará, sino de identificar las condiciones que podrían modificar el equilibrio.

Si los gobiernos conservadores no consiguen reducir la violencia, mejorar las condiciones económicas o controlar las economías ilícitas, las mismas causas que impulsaron su llegada pueden generar un nuevo movimiento electoral.

El propio informe advierte que el giro hacia la derecha no garantiza estabilidad y que gobiernos con márgenes electorales estrechos enfrentan altas expectativas. La izquierda, por tanto, conserva una oportunidad de reconstrucción, pero no necesariamente bajo las mismas fórmulas que utilizó durante la llamada “marea rosa”.

La verdadera disputa: seguridad contra derechos. Aquí aparece quizá el eje más importante del nuevo escenario.

La inseguridad se convirtió en una de las principales preocupaciones ciudadanas y favoreció políticas de mano dura. El informe sostiene que el crimen organizado y la captura del Estado constituyen el principal riesgo regional.

La derecha ha encontrado en este escenario uno de sus principales argumentos políticos. La izquierda enfrenta entonces un problema estratégico: cómo responder a la violencia sin aceptar automáticamente la expansión de poderes excepcionales del Estado.

Pero también existe el riesgo inverso. Una izquierda que minimice el problema de la violencia puede perder contacto con sectores populares que viven cotidianamente bajo extorsión, homicidio, desplazamiento y control territorial criminal.

La discusión ya no puede reducirse a “mano dura contra derechos humanos”. La pregunta más compleja es: ¿Cómo puede un Estado recuperar territorios controlados por organizaciones criminales sin convertirse él mismo en una estructura arbitraria? El informe formula precisamente ese dilema al advertir sobre la posibilidad de que la búsqueda de seguridad termine debilitando los contrapesos democráticos.

La izquierda armada ya no tiene el mismo enemigo. Durante la Guerra Fría, buena parte de las guerrillas latinoamericanas justificaba su existencia mediante la lucha contra dictaduras militares, oligarquías nacionales o gobiernos respaldados por Estados Unidos. El contexto actual es distinto.

En buena parte de América Latina existen elecciones competitivas y gobiernos de izquierda que llegaron al poder mediante el voto. Esto modifica radicalmente la justificación política de la lucha armada.

Una organización que pretende combatir militarmente a un gobierno democrático de izquierda enfrenta una contradicción mucho mayor que la guerrilla revolucionaria de los años setenta.

Por eso, el fenómeno insurgente contemporáneo tiende a ser mucho más territorial y fragmentado. Colombia es nuevamente el principal ejemplo: la continuidad de grupos armados no significa la continuidad intacta de la guerrilla clásica.

La combinación de ideología, territorio, economías ilegales y control social produce organizaciones de naturaleza híbrida.

El factor estadounidense es la otra variable indispensable. El informe sostiene que la administración Trump ha recuperado una política hemisférica de presión mediante aranceles, migración, seguridad y presión sobre Venezuela y Panamá.

Desde la perspectiva de la izquierda latinoamericana, esto puede ser interpretado como una nueva etapa de presión estadounidense sobre gobiernos y movimientos considerados adversarios.

La organización Progressive International, por ejemplo, sostiene precisamente esa lectura y describe las políticas estadounidenses como una ofensiva contra fuerzas progresistas y soberanistas. Pero existe una diferencia entre identificar esa interpretación y asumirla como hecho probado.

La política estadunidense hacia América Latina efectivamente constituye una variable central del nuevo escenario, pero la interpretación sobre si se trata de una nueva forma de intervencionismo, una política de seguridad hemisférica o una estrategia de competencia geopolítica debe distinguirse de los hechos concretos.

El mayor problema de la izquierda latinoamericana quizá no sea la derecha. Es su propia contradicción y fragmentación.

Hay una izquierda democrática que acepta la alternancia electoral. Una izquierda social que privilegia la movilización. Una izquierda nacionalista que coloca la soberanía por encima de la integración internacional. Una izquierda autoritaria que defiende gobiernos de partido dominante. Y restos de una izquierda revolucionaria armada que todavía consideran legítima la lucha insurgente.

Meterlas a todas dentro de una misma categoría oculta más de lo que explica. El nuevo escenario latinoamericano obliga a distinguir entre izquierda electoral, izquierda social, izquierda nacional-popular, izquierda autoritaria e izquierda insurgente.

Cada una responde de manera diferente a la presión estadounidense, al avance de la derecha, al crimen organizado y a la crisis de representación.

El informe de la Fundación Sherman Kent identifica un fenómeno particularmente significativo: el acercamiento entre sectores de la derecha nacionalista y gobiernos de izquierda autoritaria alrededor de la defensa de la soberanía estatal y el rechazo al orden liberal globalista.

Esto produce una paradoja. Mientras la izquierda democrática y la derecha democrática continúan enfrentadas en materia económica y social, ciertos sectores de ambos extremos pueden coincidir en la crítica a la globalización, la defensa de la soberanía y la desconfianza hacia determinadas instituciones internacionales.

La política latinoamericana deja así de parecer una línea recta. Se parece cada vez más a un mapa de posiciones superpuestas. La izquierda no desapareció; cambió de forma. El giro conservador latinoamericano es real como fenómeno electoral, pero no debe confundirse con la desaparición de la izquierda.

La izquierda continúa gobernando algunos de los países más importantes de la región. Continúa controlando importantes organizaciones sociales. Conserva capacidad de movilización y mantiene una tradición intelectual y política con profundas raíces históricas. Y, al mismo tiempo, persisten expresiones armadas surgidas de la tradición revolucionaria del siglo XX. Pero el contexto cambió.

Las guerrillas dejaron de constituir una alternativa continental al poder estatal. Algunas organizaciones se desmovilizaron y entraron en la política; otras desaparecieron; otras se fragmentaron; y algunas evolucionaron hacia estructuras donde la ideología coexiste con economías ilegales y control territorial.

La izquierda institucional enfrenta otro desafío: demostrar que puede gobernar, mantener el pluralismo y responder a la inseguridad sin reproducir los mecanismos autoritarios que históricamente criticó.

La izquierda social enfrenta una pregunta diferente: si puede transformar la protesta en una alternativa política capaz de recuperar representación.

Y la izquierda armada enfrenta la pregunta más difícil de todas: qué sentido tiene la revolución armada cuando el acceso al poder puede producirse mediante elecciones, mientras la violencia termina frecuentemente mezclándose con las economías ilegales que esas mismas organizaciones dicen combatir.

La conclusión más importante del informe de la Fundación Sherman Kent no es, por tanto, que la derecha haya sustituido definitivamente a la izquierda. Es que el viejo sistema de clasificación dejó de explicar por sí solo la política latinoamericana. La disputa que viene probablemente no será simplemente entre izquierda y derecha.

Será entre modelos de Estado: democrático o autoritario; centralizado o descentralizado; soberanista o integrado; civil o militarizado; institucional o capturado por intereses criminales.

Y en ese nuevo tablero, las izquierdas —electorales, sociales, nacionalistas, autoritarias e insurgentes— tendrán que definir qué parte de su pasado conservarán y qué parte deberán abandonar si pretenden seguir siendo actores relevantes de la política latinoamericana.