- La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en las contrataciones públicas de las autoridades electorales del país.
JORGE GONZÁLEZ
XALAPA, VER.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en las contrataciones públicas de las autoridades electorales del país.
Incluirá la revisión histórica de adquisiciones realizadas durante los últimos 25 años por el Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los organismos públicos locales electorales (OPLE), entre ellos el de Veracruz.
El organismo fiscalizador informó que los trabajos comprenderán el periodo de 2000 a 2025 y tienen como propósito identificar posibles prácticas ilegales en el ejercicio de recursos públicos, patrones de contratación, concentración de proveedores y eventual participación de grupos empresariales o servidores públicos en operaciones irregulares.
De acuerdo con la ASF, los trabajos de inteligencia y el análisis de información solicitada a las entidades federativas permitieron advertir indicios de múltiples irregularidades históricas en el gasto público relacionado con las instituciones electorales.
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Para profundizar en estas investigaciones, la ASF anunció tres líneas de trabajo que abarcan tanto las contrataciones del INE como las realizadas por los organismos electorales estatales.
La primera consiste en investigaciones de oficio sobre posibles irregularidades en los procedimientos de contratación pública de todos los OPLE, el INE y su antecesor, el IFE.
La segunda contempla un estudio histórico de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025, con el que se pretende identificar si determinados proveedores concentraron contratos durante distintos periodos, así como posibles mecanismos utilizados para favorecer a empresas o grupos empresariales.
La tercera línea contempla una auditoría integral al INE y la revisión de la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos públicos locales electorales.
La investigación no significa que todos los organismos electorales tengan irregularidades comprobadas; la ASF deberá revisar la documentación, establecer si existieron anomalías y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.
En el caso de Veracruz, la investigación adquiere relevancia luego de que el pasado 31 de octubre la consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo Morales, confirmara que el instituto recibió un requerimiento de la ASF para entregar expedientes históricos de contrataciones relacionados con ocho empresas.
La funcionaria explicó que la solicitud contempla información de contratos y procedimientos de adquisición de ejercicios anteriores a 2022, por lo que el organismo tendría que localizar y entregar la documentación correspondiente.
Delgadillo Morales aseguró que ninguna de las ocho empresas señaladas en el requerimiento ha recibido contratos durante su gestión al frente del OPLE, iniciada en 2022.
También sostuvo que los ejercicios fiscales 2023 y 2024 no tienen observaciones financieras pendientes por parte de la ASF, mientras que la revisión correspondiente a 2025 todavía se encuentra en proceso.
La consejera presidenta indicó que el organismo atenderá el requerimiento y proporcionará los expedientes de los procedimientos de adquisición, incluidos los documentos relacionados con las convocatorias, participantes, propuestas, actas de los comités y resoluciones de adjudicación.
La revisión histórica también abarcará los antecedentes del Instituto Electoral Veracruzano (IEV), organismo creado en el año 2000 y que posteriormente fue sustituido por el actual OPLE Veracruz, tras la reforma electoral de 2014.
De esta manera, la investigación federal permitirá examinar cómo se contrataron bienes y servicios durante distintas administraciones del organismo electoral, así como conocer si existieron proveedores recurrentes y posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Hasta el momento, la ASF no ha presentado resultados específicos que acrediten responsabilidades del OPLE Veracruz ni ha anunciado sanciones contra funcionarios o empresas relacionadas con esas contrataciones.
Las investigaciones se encuentran en desarrollo y sus resultados permitirán establecer si las anomalías advertidas por la Auditoría derivaron en daños al erario o posibles responsabilidades administrativas y legales.
El anuncio coloca bajo revisión el historial de adquisiciones de las instituciones electorales durante un periodo de 25 años, en el que se han ejercido recursos públicos para organizar elecciones, contratar servicios, adquirir materiales y garantizar la operación de los organismos encargados de los procesos democráticos.
