- El INE denunciará a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei por enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) denunciará a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones.
La titular provisional del organismo, Blanca Cruz, había informado que sería presentada desde el miércoles, aún afinan el documento, pues debe ser revisado por los 10 consejeros.
“Nuestros equipos jurídicos están trabajando en los últimos delineados, los detalles. Prácticamente, está lista, no vamos a tardar. Dependerá de los equipos jurídicos.
“Ya están los primeros borradores, lo que pasa es que se tiene que revisar con toda puntualidad, en breve lo vamos a estar haciendo”, justificó.
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En uno de los borradores se argumenta que son conocidos los señalamientos en contra de funcionarios del INE, entre ellos la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, y una posible relación de ‘contubernio’ con empresas y proveedores.
El organismo pedirá revisar todas las contrataciones desde el 2023 a la fecha, incluida la licitación de la credencial de elector, que ganó CosmoColor, en colaboración con su filial Icard Solutions y la empresa gubernamental Talleres Gráficos de México.
Los delitos
Esto debido a que en los videos difundidos se escucha que el proveedor José Alfredo Hernández afirma a Guadalupe Taddei cuánto recibirán por lograr esa asignación.
El uso ilícito de atribuciones y facultades sería porque el artículo 217 del Código Penal Federal sanciona, entre otras conductas, a la persona servidora pública que ilícitamente otorgue o realice contrataciones, adquisiciones o servicios con recursos públicos.
Así como a quien, con conocimiento de la ilicitud y en perjuicio del patrimonio o del servicio público, solicite, promueva o participe en tales operaciones.
Mientras que el ejercicio abusivo de funciones está sustentado en que ninguna persona servidora pública, en el desempeño de su cargo, otorgue ilícitamente contratos u otros actos jurídicos que produzcan beneficios económicos para sí o terceros.
El tráfico de influencias porque se aprecian conductas relacionadas con la promoción o gestión ilícita de negocios públicos y la intervención indebida de particulares.
En este caso, Hernández asumirá el control de diversas áreas del organismo para favorecer a ciertas empresas.
Mientras que el peculado es porque los funcionarios señalados pudieron ‘distraer’ recursos públicos para favorecerse a sí mismos y empresarios.
El enriquecimiento ilícito es para que se investiguen las cuentas de funcionarios del INE que se pudieron beneficiar de recursos públicos.
Se solicita que se valoren los videos y se busque ‘la fuente original’, pues es claro que pudo existir una acción deliberada para favorecer a particulares.
El consejero Arturo Castillo ha insistido en que la legislación establece que algunos de estos delitos ameritan la prisión preventiva, pero corresponderá a la autoridad definirla.
