Rodolfo “El Negro” Montes
No falla. Apenas se disipa el humo de los fusiles y cae una pieza de peso en el tablero del crimen organizado, la Administración de Control de Drogas estadounidense (la DEA) saca la alfombra roja, prepara el comunicado y se cuelga la medalla en el pecho.
La caída de Rafael “N”, alias el R2, líder de la célula operativa de “Los R” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —junto a la detención sistemática de una veintena de lugartenientes clave—, volvió a encender la misma vieja y desgastada coreografía binacional.
Desde Washington llueven las felicitaciones públicas. Aplauden y afirman con tono paternalista que gracias al brazo y la mirada del espionaje estadounidense el golpe fue certero.
Pero ¿quién pone la sangre? ¿Quién mete los pies en el barro? ¿Quién genera la inteligencia que realmente neutraliza a los capos?
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Nadie con dos dedos de frente puede negar la potencia tecnológica que posee Estados Unidos en intercepción satelital, análisis de transferencias financieras transfronterizas y geolocalización de dispositivos cifrados.
Sin embargo, los cables de inteligencia cruda no detienen convoyes ni penetran las casas de seguridad en territorio nacional.
Una coordenada en una pantalla satelital es inútil sin la confirmación de campo, el seguimiento pie a tierra, las vigilancias discretas durante madrugadas enteras y el mapeo milimétrico de las rutas de escape que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Marina y el Ejército.
La narrativa de que México únicamente reacciona cuando la DEA aprieta un botón es un mito construido para satisfacer los comités del Congreso en Washington y justificar los abultados presupuestos antinarcóticos del vecino del norte.
Sí, la DEA identifica flujos de precursores desde Asia, monitorea la distribución mayorista en ciudades norteamericanas y rastrea cuentas bancarias fuera de México. Su juego es el tablero global.
Pero Harfuch y su equipo no compran la narrativa de las detenciones por casualidad. La SSPC ha consolidado un aparato de investigación criminal basado en labores forenses, infiltración, análisis de frecuencias de radiocomunicación local y un conocimiento quirúrgico de los liderazgos intermedios que operan en las colonias, carreteras y sierras.
La DEA entrega el rumor o la pista general; el gabinete de seguridad nacional descifra el rompecabezas operativo, elabora la orden de aprehensión y ejecuta la intervención bajo fuego.
La agencia norteamericana presume con facilidad porque no asume el costo político, social ni humano de los operativos
¿Y si se rompiera la colaboración?
La pregunta no es ociosa, sobre todo en un escenario donde la diplomacia de seguridad se tensa con cada cambio de ciclo político en Estados Unidos. Si mañana se cerrara por completo la llave del intercambio de información con las agencias estadounidenses:
El costo para México sería operativo, no terminal: Ralentizaría el rastreo de redes de lavado de dinero internacional y el seguimiento de precursores en altamar, pero el combate territorial y la desarticulación de células locales continuarían su curso con la capacidad técnica ya instalada en las fuerzas federales.
El costo para Estados Unidos sería catastrófico: La DEA quedaría completamente ciega al sur del Río Bravo. Sin el aval, los operativos y la información de primera mano que le proveen las dependencias mexicanas, la agencia carecería de victorias operativas tangibles para exhibir en Washington.
El halago público y la palmada en la espalda que la DEA dedica hoy a García Harfuch esconden una realidad ineludible: dependen de la eficacia del gabinete de seguridad mexicano tanto o más de lo que México depende de sus alertas satelitales.
Las medallas se las seguirán disputando en los micrófonos, pero en el terreno de los hechos, las cuentas claras y el trabajo pesado se definen aquí, sin concesiones y sin medias tintas.
