- Tras casi siete años de trámites, la Suprema Corte plantea poner fin a las dilaciones del Congreso de Morelos para decidir sobre la creación del municipio de Alpuyeca, descartando la exigencia de celebrar una nueva consulta indígena.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Después de casi siete años sin una respuesta definitiva, el Congreso de Morelos deberá resolver si la comunidad nahua de Alpuyeca puede constituirse como municipio indígena, sin prolongar el procedimiento mediante nuevas consultas o trámites administrativos que retrasen el ejercicio de sus derechos de autonomía y autogobierno.
Así lo resolvió este martes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir del proyecto elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, el cual considera injustificada la demora del Legislativo estatal para atender una solicitud presentada desde diciembre de 2019.
La propuesta no implica crear automáticamente el municipio ni obliga a los diputados a aprobar su constitución. Su alcance consiste en exigir una resolución definitiva, debidamente fundada y motivada, durante el siguiente periodo ordinario de sesiones.
El caso tiene su origen en la decisión de la Asamblea General de Alpuyeca, comunidad perteneciente al municipio de Xochitepec, que el 5 de diciembre de 2019 aprobó solicitar su reconocimiento como municipio indígena.
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Once días después, el Consejo Promotor presentó formalmente la iniciativa ante el Congreso estatal. No obstante, lo que debía convertirse en un procedimiento legislativo se prolongó entre requerimientos, estudios técnicos, acuerdos administrativos y consultas que nunca llegaron a concretarse.
La falta de respuesta obligó a los representantes de la comunidad a recurrir a la justicia federal desde 2021 para exigir que su petición fuera atendida.
En junio de 2023, el Congreso solicitó una opinión técnica sobre la necesidad de realizar una consulta previa y, posteriormente, comenzó trabajos preparatorios con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC).
Sin embargo, el 28 de febrero de 2024, los diputados dejaron sin efectos los avances anteriores y ordenaron organizar una nueva consulta que incluiría tanto a Alpuyeca como a comunidades indígenas de municipios vecinos.
La decisión fue impugnada por los promoventes, quienes consideraron que el nuevo procedimiento constituía otro obstáculo para obtener una resolución sobre su solicitud. Incluso después de aprobarse un calendario de consulta para octubre y noviembre de 2024, las fechas transcurrieron sin que se llevara a cabo.
Uno de los aspectos centrales del proyecto aprobado por el Pleno fue la distinción entre el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su organización y el derecho a ser consultados cuando una autoridad pretende adoptar medidas que puedan afectarlos.
La ministra Ortiz Ahlf sostuvo que, en el caso de Alpuyeca, la iniciativa de municipalización surgió de la propia comunidad, mediante una decisión adoptada en su Asamblea General, por lo que condicionar el avance del procedimiento a una nueva consulta dirigida a quienes ya manifestaron su voluntad podría convertir un instrumento de protección en un obstáculo para el ejercicio de su autonomía.
La propuesta se apoyó en la reforma al artículo segundo constitucional, publicada el 30 de septiembre de 2024, que fortaleció el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público.
También consideró innecesario exigir una consulta generalizada a las comunidades indígenas de Xochitepec y de los municipios colindantes de Xoxocotla, Coatetelco, Temixco, Emiliano Zapata y Tlaltizapán.
El proyecto consideró que la cercanía territorial, por sí sola, no demuestra una afectación directa y diferenciada que obligue a realizar ese procedimiento. Esto no elimina la obligación del Congreso de examinar posibles consecuencias territoriales o administrativas de la municipalización, pero impide utilizar consultas injustificadas para postergar indefinidamente la decisión.
El expediente evidenció que, pese al tiempo transcurrido, el Congreso de Morelos no ha emitido una determinación de fondo sobre la solicitud, por lo que se sostuvo que la ausencia de un plazo legal específico para concluir un procedimiento de municipalización no autoriza a los legisladores a prolongarlo indefinidamente.
Como elemento de contraste, se recordó que el propio Congreso morelense aprobó en menos de seis meses la creación del municipio indígena de Tetelcingo, en 2017, aunque esa decisión fue posteriormente invalidada por la Suprema Corte debido a la falta de consulta previa.
La diferencia entre ambos casos también permitió revisar los alcances de la reforma constitucional de 2024 y determinar cuándo resulta obligatorio consultar a las comunidades indígenas.
En el caso de Alpuyeca, la propuesta considera que la falta de una decisión legislativa ha mantenido a sus habitantes en una situación prolongada de incertidumbre respecto de sus aspiraciones de autogobierno.
El expediente incorporó, además, el respaldo expresado por la XXI Asamblea de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses, celebrada en mayo de 2026.
