- El Comité de Víctimas 9N, en alianza con la organización Documenta y la colectiva Siempre Unidas, presentó la plataforma digital Territorio Libre para la documentación anónima, mapeo e identificación de patrones de detenciones arbitrarias, tortura y abuso de autoridad en Quintana Roo.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- El Comité de Víctimas 9N, en alianza con la organización Documenta y la colectiva Siempre Unidas, presentó la plataforma digital Territorio Libre para la documentación anónima, mapeo e identificación de patrones de detenciones arbitrarias, tortura y abuso de autoridad en Quintana Roo.
Al conmemorar seis años de los acontecimientos del nueve de noviembre de 2020 en Cancún, los activistas Wendy Galarza y Julián Ramírez informaron que esta iniciativa busca resignificar y resarcir parte del daño ante la indolencia institucional.
“La represión policial, las detonaciones de arma de fuego, las agresiones, las detenciones y las violaciones a derechos humanos marcaron aquella jornada y lo traducimos como un ‘cállate’.
“Ya sabían todas las deficiencias que tenían en la procuración de justicia ante los feminicidios”, recordó Wendy Galarza sobre la jornada represiva de 2020.
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La herramienta genera un mapeo autónomo e interactivo para ubicar focos rojos de violencia institucional y resguardar expedientes probatorios que queden a disposición de las víctimas en caso de promover acciones legales.
“Territorio Libre nace de la convicción de que todas las historias importan y que ninguna debería de quedar en el olvido.
“Es un espacio digital, autónomo, accesible y de participación voluntaria para compartir y documentar experiencias relacionadas con violaciones a derechos humanos, las detenciones arbitrarias y también otras formas de violencia ejercidas por agentes del Estado”, explicó Dulce Jainé Zeferino, integrante de la organización Documenta.
De forma complementaria, las agrupaciones lanzaron una Caja de Herramientas interactiva que ofrece guías sencillas sobre cómo reaccionar ante una detención arbitraria o tortura.
Durante la presentación de la plataforma, la colectiva Siempre Unidas expuso datos recopilados en sus informes sombra entre 2021 y 2025, contabilizando 265 víctimas de feminicidio en la entidad -incluyendo transfeminicidios y feminicidios infantiles-, así como 359 reportes de mujeres y niñas desaparecidas entre 2022 y 2025.
La agrupación sostuvo que la Fiscalía de Homicidios mantiene carpetas clasificadas bajo la modalidad de homicidio común para evitar el registro formal de feminicidios.
A su vez, la activista Deysi Blanco, madre buscadora de Isla Mujeres, denunció deficiencias e inacción en el Servicio Médico Forense (Semefo), al asegurar que existen más de 350 cuerpos sin identificar en las instalaciones estatales, en contraste con los 250 registros reconocidos por las autoridades.
Respecto al estatus del proceso judicial derivado de las agresiones del 9N, el Comité de Víctimas denunció la ausencia de mandos o elementos policiales sentenciados o en prisión a seis años de la tragedia.
Precisaron que, de los 14 mandos y agentes imputados originalmente, a la mayoría se le otorgó la suspensión condicional del proceso, permaneciendo en trámite únicamente una causa penal contra dos elementos por el delito de robo de celular a una de las víctimas, sin integrar los cargos por tortura o disparos de arma de fuego.
El caso de los policías
Sobre la carpeta derivada contra tres policías a quienes se les detectó pólvora en las manos, informaron que un elemento fue ejecutado en una fiesta, mientras que los dos restantes continúan prófugos sin seguimiento oficial.
Los portavoces expusieron que las medidas de reparación integral del daño y las disculpas públicas previstas en las recomendaciones de derechos humanos han sido atendidas de manera simulada por las autoridades locales y estatales. Wendy Galarza criticó el tono de los actos oficiales.
“Hasta tontos son porque el discurso que dan al pasar al pódium solamente es como de decir: ‘No va a volver a repetirse’.
“Y eso quiere decir que están aceptando de facto que sí hubo un problema; entonces, luego termina siendo como una tontería que salgan a decir: ‘No va a volver a pasar, pero no me voy a disculpar por lo que sucedió’”.
Al respecto, Julián Ramírez enfatizó el desgaste acumulado durante la administración municipal.
“El año pasado, en esta misma fecha, se forzó al Estado a ofrecer una disculpa pública que al final no quisieron dar; la tuvo que dar como a regañadientes el secretario municipal. Fueron seis años de simulaciones, es lo que lamentablemente tuvimos”.
Denunciaron que el protocolo municipal para la atención de manifestaciones se elaboró a medias, fue entregado a otras colectivas sin consulta previa y continúa sin estar formalmente terminado ni vinculado a los estándares federales exigidos por las víctimas.
