- Gana concesionaria juicio para recuperar el servicio de recoja y transporte; ayuntamiento insiste en que empresa no está en condiciones.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- La justicia federal ordenó a las autoridades municipales reinstalar a Intelligencia México S.A. de C.V. en la operación de la recoja y transporte de basura en el municipio de Benito Juárez, pero la empresa no cuenta con la infraestructura ni con la maquinaria ni con el equipo humano necesario para prestar con eficiencia el servicio.
Por esos motivos, el pasado 15 de diciembre el ayuntamiento le quitó la operación del servicio de basura para cederlo a la empresa Red Ambiental Servicios S.A. de C.V., que ha batallado para regularizar el servicio de recoja en la mayoría de las zonas.
Un día antes del fallo favorable a Intelligencia México (el lunes 25), para que siga prestando el servicio con normalidad, la concesionaria (a través de su apoderada legal, Mildred Lilia Ángel Coral) notificó al ayuntamiento el incremento al costo total de la tarifa por servicio, que de 495.30 pesos pasó a 510.91 pesos netos por tonelada recolectada, lo que mantiene la tarifa por debajo de los 846.80 pesos que actualmente se pagan a Red Ambiental.
La suspensión definitiva otorgada por el juez Gerardo Vázquez Morales establece que “se permitirá a la concesionaria quejosa continuar con el servicio que le fue concesionado, exactamente en los términos que establece el contrato respectivo y con derecho a la contraprestación pactada”, siempre y cuando la empresa cubra otra garantía por 100 mil pesos para garantizar posibles daños y/o perjuicios que se pudieran ocasionar a la empresa neolonesa.
El ‘atorón’ se desencadenó porque la resolución surtirá efectos “siempre y cuando la parte quejosa cumpla con los lineamientos técnicos, condiciones y obligaciones establecidas en el contrato, en la concesión y en las disposiciones aplicables”, como lo reclama el Ayuntamiento.
La empresa quejosa, en respuesta, agradeció a las autoridades federales la restitución del Derecho “arbitrariamente violado por oscuros intereses de la Autoridad Responsable” y a los cancunenses por el apoyo para 500 trabajadores y sus familias que fueron afectados por las irregularidades del servicio de basura.
Acusó, no obstante, al Ayuntamiento de Benito Juárez de incurrir en un “incumplimiento deliberado y permanente” por negarse a pagar la contraprestación que establece el contrato, al menos desde mayo del año pasado.
Incluso, reprochó el injusto proceder de las autoridades municipales, a pesar de que los trabajadores recolectores expusieron su salud y hasta sus vidas durante los huracanes y la pandemia del Covid-19, ya que hicieron turnos para no suspender totalmente el servicio.
“Es de lo más injusto, pretender que el servicio se haya dado de manera irregular durante ese periodo, cuando todos los demás servicios públicos Municipales, Estatales y Federales, habían sido suspendidos sin que nadie les reclamara nada”.
Una condicionante de la suspensión definitiva tiene que ver con la exhibición (en un plazo máximo de cinco días) de una nueva garantía por 100 mil pesos, para reparar posibles daños y/o perjuicios que se pudieran ocasionar a la neolonesa Red Ambiental, luego de que fue contratada en “exclusiva” por el gobierno municipal de la alcaldesa María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, para dar el servicio del 15 de diciembre pasado al 30 de septiembre próximo.
El fallo tampoco impide al organismo descentralizado Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún (Siresol) contratar servicios para realizar el servicio de limpia, recolección de basura, tratamiento y disposición final de los residuos conforme a sus facultades legales.
Inteligencia México dijo que brindará un servicio “más comprometido” que cualquier “otra empresa foránea y espuria”.
Respecto a los alegatos jurídicos de Red Ambiental, el juzgador recordó que durante el recurso de queja el Segundo Tribunal Colegiado determinó que el fallo no le resulta obligatorio, “dígasele que dicho criterio resulta orientador”, por lo que podría obtener un pronunciamiento distinto de promover alguna acción legal.
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