- El Tesorero Municipal de BJ fue multado con 10 mil pesos, cuyo pago intentó evitar mediante un amparo que le fue negado por “notoriamente improcedente”.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q.ROO.- Por incumplir un mandato judicial que le ordenó expedir una cédula catastral, el Tesorero Municipal de Benito Juárez, Marcelo José Guzmán, fue multado con 10 mil pesos, cuyo pago intentó evitar mediante un amparo que le fue negado por “notoriamente improcedente”.
Para el Juez Séptimo de Distrito con sede en Quintana Roo, Darío Alejandro Villa Arnaiz, la pretendida protección constitucional que buscó el funcionario en rebeldía no aplica para combatir resoluciones de juicios o para evitar su cumplimiento con nuevos juicios de amparo, ya sean directos o indirectos, pues “ocasionaría una cadena de juicios interminables”.
El tesorero fue multado con 116 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya equivalencia de 86.88 pesos cada una suman 10 mil 78 pesos, por acuerdo legal del 11 de enero pasado del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, derivado del Juicio Ordinario Civil 479/2013.
La medida de apremio deberá pagarse con recursos propios y no que tengan un origen público, para lo cual se instruyó al Jefe de Ejecución y Bienes Asegurados del Fondo para el Mejoramiento del Estado de Quintana Roo, con el fin de que por su conducto haga efectivo su cobro.
A Marcelo José Guzmán se le ordenó (3 de septiembre de 2020) acatar una ejecutoria que ganó la empresa moral Constral, S.A. de C.V., la cual resolvió la expedición de tres cédulas catastrales derivadas de la fusión de los lotes 4, 5, 6 y Segundo Nueve Hoyos del Paseo del Club Pok-Ta-Pok, primera sección, de la Zona Hotelera, en lugar de la división que tenían anteriormente de 152 cédulas en 1993. La orden fue para expedir únicamente la que correspondía al Lote 4.
La rebeldía del funcionario consistió en no acatar el mandato, lo que generó un juicio de amparo, del cual se le ordenó expedir únicamente la que correspondía al Lote 4, que mantiene la Clave Catastral 601300D04402300000, lo que generó un acuerdo del juez civil el 14 de diciembre pasado.
La orden buscó dar continuidad a la ejecución de la sentencia dictada para a su vez instruir al director de Catastro al cumplimiento, pero actuó en rebeldía y desobedeció. Fue cuando el juzgador decretó la medida de apremio que notificó el 15 de enero pasado, incluso como resolución definitiva del juicio de amparo indirecto 1209/2019 mediante el oficio PJ-CJ-JZ2CCUN-1620/2020.
“Lo cierto es que no respondió el diverso requerimiento que el juez natural le realizó, por lo que es evidente que con el objeto de lograr el efectivo cumplimiento de la ejecutoria el juez de instrucción en funciones de Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, determinó imponer la multa”.
El juez Séptimo de Distrito recibió la petición del Tesorero para que fuera amparado sobre la medida, en el Expediente Único Nacional 27531558, lo que el juzgador resolvió como improcedente.
“Es evidente que dicha determinación no es impugnable a través de otro amparo indirecto, porque implicaría ejercer un control constitucional sobre un acto verificado por una autoridad responsable en el cumplimiento de un fallo dictado en un diverso juicio de control constitucional y se harían interminables los juicios de derechos fundamentales, desnaturalizando así su esencia”.
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