- Al menos dos funcionarios de la pasada administración de Remberto Estrada Barba fueron denunciados por el ilegal despojo de 750 casas.
FELIPE VILLA
CANCÚN, Q. ROO.- Al menos dos funcionarios de la pasada administración del verdecologista Remberto Estrada Barba fueron denunciados ante las autoridades correspondientes al resultar involucrados en el ilegal despojo de 750 casas de interés social a través de procedimientos irregulares en los que también participaron las empresas Proyectos Adamantine y Patrimonio Tertius.
“La investigación está completa, los responsables han sido plenamente identificados, se trata de funcionarios únicamente de las áreas de Ingresos Coordinados y Cobranzas, Asistentes Jurídicos de la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranzas, así como notificadores de esas áreas”, acotó la contralora municipal Reyna Arceo Rosado.
En conferencia de prensa, la funcionaria destacó que una vez sustentados los expedientes dieron vista a las autoridades correspondientes, las cuales se harán cargo de las investigaciones necesarias.
Durante el periodo en que se cometieron estos abusos, quienes fungieron como titulares de estas dependencias eran Jeannina Medrano Galindo y Fernando Mendoza Martínez, quienes según las investigaciones de la Contraloría presuntamente habrían actuado solos.
Como resultado de esta “larga y detallada investigación”, apuntó la funcionaria, hasta ahora un total de ocho afectados han recuperado su patrimonio y 50 más están en proceso de rescate por parte de la actual administración del municipio de Benito Juárez.
“La prioridad es reintegrar su patrimonio a familias vulnerables para que tengan certeza sobre lo que es suyo”, dijo aunque no dio garantías para que el resto de los afectados logren recuperar su patrimonio antes del mes de septiembre en que concluye su periodo la actual administración.
Lo cierto es que antes de estas actuaciones varios jueces federales, que conocieron los hechos a través de decenas de juicios de amparo solicitados por algunos de los afectados, exhibieron a la administración municipal de incurrir en actos de autoridad desproporcionados e inequitativos durante la ejecución de créditos fiscales viciados que sirvieron de instrumento administrativo para despojar ilegalmente de inmuebles a sus legítimos propietarios.
El modus operandi de esta red de despojadores, consistió en identificar a aquellos propietarios con atrasos en el pago de su impuesto predial para iniciar el procedimiento de confiscación a favor de las empresas intermediarias Proyectos Adamantine y Patrimonio Tertius, las cuales compraron la cartera de conflictos del Instituto de Fomento a la Vivienda, encargadas de la reventa de los inmuebles.
Si bien las acusaciones que enfrenta el gobierno municipal fueron cometidas en la gestión del verdecologista Remberto Estrada, en los juicios de amparo la actual administración morenista alegó imposibilidad subsanar los abusos en la mayoría de los casos por tratarse “de actos consumados e irreparables”.
Ante tal despropósito, el titular del Juzgado Séptimo de Distrito, Darío Alejandro Villa Arnaiz, confirmó que se violaron las garantías constitucionales de audiencia y el debido proceso en los casos denunciados y ordenó meter reversa a todas las acusaciones para restituir propiedades obtenidas ilegalmente, pues se incurrió en la violación procesal de mayor magnitud y más grave como es el derecho constitucional a la defensa.
La sentencia de amparo favorable más reciente fue concedida a Elías Pérez Ramos contra el director de Ingresos Coordinados y Cobranza de la Tesorería Municipal que realizó el procedimiento administrativo de ejecución número 601622200600600004, el siete de agosto de 2017, el cual se consumó tres años después.
Mediante el ilegal procedimiento fue confiscada una vivienda para hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal de 27 mil 29.42 pesos por un adeudo de los impuestos predial y adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura, del cuarto bimestre de 2016 al cuarto bimestre de 2017.
Los actos de la autoridad impugnados consistieron en una ilegal notificación al afectado y que por falta de respuesta se decretó el embargo, remate de la propiedad en 270 mil pesos y su posterior adjudicación al Banco HSBC, México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, a quien se otorgó la escritura pública 1068 por el Notario Público 114 de Quintana Roo, protocolizada el 20 de febrero de 2018.
El amparo indirecto 621/2020 interpuesto por el afectado el 10 de septiembre y que le fue resuelto favorablemente en noviembre pasado, constató la falta de emplazamiento mediante una ilegal actuación y procedimiento basado en una práctica defectuosa del procedimiento, pues únicamente pegó la notificación de adeudo en la vivienda contigua sin que el legítimo propietario se enterara.
El titular del Juzgado Séptimo de Distrito resolvió que se negó al afectado la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, alegar y combatir la resolución, lo que le impidió y obstaculizó la oportunidad constitucional de defensa. “Su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la Ley que produce indefensión que se considera la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, al afectar la oportunidad de defenderse”.
El fallo definitivo ordenó reponer todo el proceso a partir del momento de la notificación, dejan sin efecto legal todo lo realizado y restituir la propiedad que ya había sido escriturada e inscrita en la oficina de Cancún del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo.
Casos como ese se ventilan en cascada en el mismo juzgado que acusan a las autoridades municipales de actuaciones similares, con los que se habrían consumado otros despojos de viviendas populares.
En el Juzgado Séptimo de Distrito se dirime también el amparo promovido por Gustavo Hernández Montiel quien reclama actos dentro de juicio en la determinación de un crédito fiscal como parte del expediente único nacional 27056026.
Igualmente, Rebeca Pineda Patiño combate actos fuera de juicio por la falta de notificación o emplazamiento de cuyos actos obtuvo la suspensión definitiva el 24 de agosto pasado, según el expediente 26839587.
Selene del Carmen Chan Rosado impugna también el cambio de derecho de posesión y propiedad de un bien inmueble en el expediente 26278483, del cual se concedió la suspensión definitiva el 7 de febrero pasado.
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