- La Cofepris mantendrá la vigilancia para garantizar que los partidos políticos y sus candidatos eviten la realización de concentraciones masivas.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CHETUMAL, Q. ROO.- Aquel candidato o candidata que organice eventos masivos como parte de su campaña será acreedor a una multa que puede alcanzar las 2 mil unidades de medida y actualización (UMA), es decir, poco más de 170 mil pesos. Cofepris
Así lo advirtió la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) delegación Quintana Roo. Su director, Miguel Pino Murillo, dejó en claro que no se permitirá que ningún candidato o candidata viole las disposiciones sanitarias por la pandemia de Covid-19.
De hecho, el funcionario señaló que Instituto Nacional Electoral podría determinar la suspensión o cancelación de candidaturas en caso de infringir las disposiciones implementadas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 si la Cofepris da cuenta de ello.
Pino Murillo recordó que el Instituto Nacional Electoral emitió los lineamientos en materia sanitaria que prohíbe la realización de eventos masivos y concentración de personas por arriba de los aforos permitidos según el semáforo epidemiológico estatal para evitar la propagación de la enfermedad, “ya que puede haber la posibilidad de personas asintomáticas que sean un foco de infección para quienes acudan a ese tipo de eventos”.
También resaltó que la Cofepris mantendrá la vigilancia para garantizar que los partidos políticos y sus candidatos a los diferentes cargos de elección popular eviten la realización de concentraciones masivas.
“Además, pedimos a la gente que denuncie cualquier tipo de concentración masiva para actuar en consecuencia”, indicó el director de Cofepris Quintana Roo.
El funcionario recalcó que además de los candidatos o candidatas que incumplan las normas sanitarias, los partidos políticos a los que representen también serán acreedores a sanciones por parte de la Cofepris.
El Instituto Nacional Electoral ha dicho que no tiene competencia en cuanto a la vigilancia del cumplimiento de disposiciones sanitarias, y que esta cuestión corresponde a las autoridades de Salud tanto estatales como federales.
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