- La Comisión de Justicia del Congreso del estado desechó iniciativa para reformar Código Procesal y Civil para proteger a niños, niñas y adolescentes en caso de violencia familiar.
RUBÉN TORRES
CANCÚN, Q. ROO.- Por invadir esferas del Poder Legislativo a nivel federal al ser una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, fue desechada en la Comisión de Justicia del Congreso del Estado la iniciativa que pretendía crear el artículo 975 (bis) en el Código Procesal y Civil de Quintana Roo para proteger a niños, niñas y adolescentes en caso de violencia familiar.
La propuesta, autoría de la diputada Paula Pech Vázquez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la XVI Legislatura, “invadiría facultades del Congreso de la Unión”, de acuerdo con los especialistas de la Dirección de Análisis Jurídico del Congreso
Dicho artículo, según los integrantes de esa Dirección de análisis, recordaron a los diputados integrantes de dicha Comisión que en septiembre de 2017 a través de una reforma constitucional se “otorgó la facultad a los legisladores federales reformar sobre este tipo de materias en lo procesal y lo familiar”.
Y posteriormente, aunque hubo una resistencia por parte de los Congresos de los estados de Zacatecas y Aguascalientes, que recurrieron al “incidente de inconstitucionalidad”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que no era inconstitucional la reforma y los Congresos de los estados no pueden normar al respecto.
La presidenta de la Comisión había dicho que la propuesta de la diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tenía un buen contenido para “otorgar una protección más amplia a los niños y adolescentes quintanarroenses”, sin embargo, la Dirección Jurídica legislativa dejó en claro que no sería procedente.
Incluso, aun cuando la propuesta en su contenido ofrecía máximas garantías a los afectados en “caso de violencia familiar física con base al interés superior de los menores” ésta no iba a caminar ante las directrices que marcó tanto la reforma legislativa federal, como la decisión del máximo tribunal de justicia del país.
En razón de esto, la Comisión de Justicia determinó realizar el dictamen de su desecho y ponerlo de conocimiento a los demás integrantes de la XVI Legislatura para que puedan normar su criterio del por qué se asumió dicha decisión.
Más tarde en el pleno del Congreso se llevó a cabo la sesión ordinaria número 22, donde en la orden del día se insertó de último momento la elección del Comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales estatal, que disputaban 37 aspirantes, pero no hubo voto mayoritario para ninguno.
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