Buscó anonimato mamá de diputado

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Buscó anonimato mamá de diputado
  • La madre del diputado local verdecologista Gustavo García, pretendió mantenerse en el anonimato cuando recurrió a la justicia federal para intentar combatir los actos de confiscación.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La empresaria Erika Luz García Deister, madre del diputado local verdecologista Gustavo Miranda, pretendió mantenerse en el anonimato cuando recurrió a la justicia federal para intentar combatir los actos de confiscación ejecutados por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo sobre el lujoso departamento de Puerto Cancún, en noviembre pasado.

La primera batalla que libró en su escrito inicial de demanda ante el Juzgado Segundo de Distrito fue que no apareciera su nombre en la solicitada medida cautelar contra el aseguramiento del folio registral 263773, como parte de la indagatoria ministerial FGE/QROO/BJ/11414/2020.

La petición de un amparo fue para defender el mismo departamento que conservó en su poder desde 2015 al declararse nula la audiencia de remate del simulado juicio laboral 152/2015 interpuesto ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel por el ahora líder estatal del Partido Verde Ecologista, Luis Pablo Bustamante Beltrán.

El juez Segundo de Distrito estableció que la personalidad del promovente de un juicio de amparo se analiza desde que se recibe la demanda, la cual al estar plenamente acreditada queda reconocida, pero de no estarlo se consideraría una irregularidad que pudiera derivar en que se tenga por no interpuesta o que sean declaradas nulas las actuaciones posteriores.

El juicio de amparo con número de expediente único nacional 27424906 presentado por García Deister (12 diciembre 2020) fue por actos de “confiscación, aseguramiento, desalojo y lanzamiento” contra el lujoso inmueble que ofreció como garantía por un crédito de 833 mil dólares americanos que recibió de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante “Bancaja” en 2011.

La reclamación de cobro fue del español Banco de Sabadell, S.A. de C.V. que se percató que la deudora había perdido el bien inmobiliario dado en garantía mediante el simulado juicio laboral, entre cuyos acreedores estaban además de Pablo Bustamante, los identificados como José Luis Gómez Sosa, Carlos Ismael Adrián Albornoz y Marcela Bañuelos Cobos.

El juzgador recordó a la quejosa que el derecho a oponerse a la publicación o difusión de sus datos personales, específicamente en las listas de notificación por estrados y/o medios electrónicos, “será procedente hasta el momento en que el juicio se encuentre concluido”.

Y le dijo que mientras el caso esté en trámite, el tratamiento de los datos personales que aparecen en esas listas “tienen como finalidad facilitar el seguimiento del juicio y evitar que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes que intervienen en el mismo”, por lo que su difusión no requiere consentimiento expreso del titular a quien pertenece.

Al explicar en autos el “Derecho al olvido” se asentó que únicamente ocurre cuando los juicios de garantías se encuentran concluidos, y a petición de la parte interesada es procedente borrar, bloquear o suprimir los datos personales en las listas de notificación.

De acuerdo con la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, los artículos 28, fracción III y 29, fracción III establecen que como parte del juicio deberá elaborarse y publicarse una lista en un lugar visible y de fácil acceso en el juzgado o tribunal que se trate, que contenga el número de juicio o del incidente de suspensión correspondiente, el nombre del quejoso y de la autoridad o autoridades responsables, además de una síntesis de la resolución de la notificación. Diputado

La empresaria obtuvo una inicial suspensión de plano que ordenó fuera respetada la posesión para el disfrute pero sin poder disponer sobre el bien inmobiliario ubicado en el Plan Maestro de la Zona Hotelera de Cancún, identificado con el número UP 75-P19 PH-S Lt. 1-02 de la UC 27.

Así el pretendido anonimato no prosperó porque su finalidad de las listas de estrado y electrónicas es facilitar el seguimiento del juicio y comunicar a las partes interesadas en la emisión de alguna resolución judicial, proveído o acuerdo o cualquier otra actuación que ocurra. Diputado

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