POR KUKULKÁN
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador ha mostrado dos raseros para tratar a gobernadores del “conservador” Partido Acción Nacional —sus principales adversarios políticos—; al que se “porta bien”, como suele decir en sus mañaneras, le hace reconocimientos públicos cada que se presta la ocasión, pero a los que se portan mal son investigados hasta por debajo de la lengua para encontrarles actos de corrupción y proceder a sancionarlos con todo el rigor de la ley.
LOS EJEMPLOS de este trato diferenciado son Carlos Joaquín González (Quintana Roo) y Francisco García Cabeza de Vaca (Tamaulipas); para AMLO bastó que el gobernador quintanarroense, como demócrata que es, no metiera las manos en el proceso electoral de 2019 cuando fueron electos los diputados de 15 distritos locales y los candidatos de Morena se llevarían la mayoría de los escaños.
EN SU VISITA a la entidad en junio de 2019, el presidente lanzó desde el templete: “Tenemos que establecer el hábito democrático, que no se meta el gobierno en las elecciones, y aquí quiero hacer un reconocimiento: puedo decir, sin temor a equivocarme, les guste o no les guste, pues digo lo que pienso: aquí en Quintana Roo no se metieron ni el gobierno federal ni el gobierno que encabeza Carlos Joaquín en la elección pasada. Anteriormente, lo más que cuidaban los gobernadores era tener mayoría en el Congreso para que les tapen todas sus corruptelas, para tener protección, en las pasadas elecciones no sucedió lo mismo”.
EN OTRA GIRA de trabajo por el estado, Andrés Manuel se volvió a referir a la actitud de trabajo y cooperación del gobernador Carlos Joaquín a los diferentes programas y acciones del gobierno federal, sin regateos ni reclamos como lo habían demostrado otros de sus correligionarios panistas: “Estamos muy agradecidos con el gobernador de Quintana Roo, nos llevamos bien con el gobernador Carlos Joaquín”, enfatizó.
EN CAMBIO, por no “someterse” al poder federal, el gobernador panista de Tamaulipas enfrentó un proceso de desafuero por parte del Congreso federal con el objetivo de proceder penalmente en su contra por la comisión de presuntos actos delictivos, entre ellos lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable: “Yo quiero ser muy claro, estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados, no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional… seguramente también van a señalar que si hay algún delito que he cometido, probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este Gobierno Federal, un gobierno que ha querido inmiscuirse en las acciones del gobierno en Tamaulipas”, denunció.
EN UN INTENTO por delimitar el ámbito de competencias del federalismo, el mandatario tamaulipeco intentó frenar la embestida federal con la realización de otro proceso de desafuero ante el Congreso local que fue votado a su favor por mayoría de votos; ante la duplicidad de sentencias con sentidos contrarios, el propio García Cabeza de Vaca promovió una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que esta validará cuál de los dos congresos, el estatal o el federal, estaba facultado para proceder al desafuero de un gobernador, petición que fue desechada por el máximo tribunal del país, con lo que el mandatario tamaulipeco podrá enfrentar a la justicia hasta después de que concluya su mandato en 2022. En tiempos de la 4T, dictablanda para quienes se portan bien y dictadura para los “malosos”.
