POR KUKULKÁN
DESDE que Carlos Joaquín González asumió la gubernatura en 2016 se propuso ser implacable contra la corrupción y la impunidad, principales reclamos de la población contra el gobierno de Roberto Borge Angulo cuando el ahora mandatario andaba en campaña y se comprometió a castigar a los responsables y recuperar lo robado, como fue ocurriendo en estos últimos cinco años que se abrieron procesos penales y detenciones de algunos de los borgistas participantes en el saqueo del patrimonio público, incluido el propio ex gobernador.
EL MOMENTO fue propicio para que Carlos Joaquín acuñara dentro de sus propuestas de cambio el eslogan de que en Quintana Roo “quien la hace, la paga”, sin importar de quién se trate, incluidos principalmente sus propios colaboradores del gabinete lo cual empezó a dejar en claro entre periodistas que le preguntaban si protegería a funcionarios de su administración que incurrieran en actos de corrupción durante su mandato, a lo cual siempre respondió convencido, “nadie está por encima de la ley”.
Y CUANDO en las audiencias públicas de su programa “Platícale al Gobernador”, de acercamiento con la gente para escuchar y resolver sus problemas, algunos de los asistentes lo cuestionaban por el mal desempeño de algunos de sus miembros del gabinete asistentes también al acto, el gobernador los exhibía y les cedía el micrófono para que respondieran a los señalamientos en su contra: “Yo no voy a tolerar que algunos de mis colaboradores cometan actos de corrupción”, les advertía.
POR ESO no sorprende que la Secretaría de la Contraloría haya iniciado un procedimiento administrativo para inhabilitar a 12 funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), encabezados por su titular Carlos Ríos Castellanos, por suscribir un contrato a través del cual se favoreció a la empresa “Vertosa S. A. de C.V.” con la cual pactaron procesos de producción y adquisición de lotes habitacionales para vivienda en los proyectos “Nueva Ciudad Mujeres”, en la Zona Continental de Isla Mujeres, y del “Fraccionamiento Comprometido Contigo” en la comunidad de Akumal, municipio de Tulum.
NO ES TODO, también están involucrados en las obras de infraestructura para ambos proyectos, así como en las operaciones inmobiliarias de los mismos, al haber comprometido recursos públicos y disponer de bienes del patrimonio estatal sin contar con la autorización de la Secretaría de Finanzas y Planeación ni de la Contraloría ni de la Consejería Jurídica el Poder Ejecutivo, presuntamente a cambio de pagos tanto en numerario como en especie a favor de la empresa.
EL ASUNTO fue denunciado ante las autoridades competentes y un juez estatal resolvió sancionar a los funcionarios con la separación del cargo por 21 días naturales como también la inhabilitación por 14 días de algunos de los involucrados, pero la sentencia fue apelada por los acusados y en segunda instancia la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa echó abajo esta absurda resolución y la dejó sin efectos para los presuntos responsables.
DE NUEVO un asunto en que una decisión del Poder Judicial del estado deriva en impunidad en perjuicio de toda una labor para denunciar, investigar e iniciar procedimientos para sancionar a los responsables, que nada más por la interpretación de unos magistrados se puede ir a la basura; de nada sirve que exista disposición y convicción del Poder Ejecutivo del estado en acabar con la corrupción al interior de su gobierno si sus poderes homólogos no le ayudan a la hora de hacer justicia por la propia casa, como el buen juez.
